El Gobierno central no tomará una decisión hasta el verano del 2022, cuando remate el estudio hidrogeológico de un proyecto que cumple ya 18 años pasando por los cajones de siete ministros
16 feb 2020 . Actualizado a las 18:08 h.La mayor deuda que la Administración central mantiene con Vigo la absorbe el proyecto del AVE diseñado para unir la ciudad con Ourense y darle así una salida directa hacia la Meseta que evite un rodeo por Santiago a los usuarios del sur de Galicia. Ese debe que el actual Gobierno se comprometió a impulsar cumple este mes 18 años de estudios desde que se decidió dar a Vigo una conexión con la capital ourensana y un año menos desde que el entonces ministro Francisco Álvarez Cascos aceptó que dicho proyecto tuviese también características de alta velocidad y encauzarlo por el valle de Cerdedo en lugar de por la antigua línea del Miño. Pero pese al compromiso del socialista José Luis Ábalos, hasta julio del año 2022 el Ministerio de Transportes no tomará ninguna decisión sobre la ejecución de la línea de 53,7 kilómetros.
La cuenta atrás se inició en julio
Aunque la alcaldía viguesa anunció en mayo pasado que había sido adjudicado el enésimo estudio sobre el trazado, en esta ocasión para analizar las condiciones hidrogeológicas del terreno, dicho contrato no se formalizó hasta el 17 de julio. Como cuenta con un período de ejecución de 36 meses, no será pues hasta dentro de tres veranos cuando, con sus conclusiones sobre la mesa, el Ministerio de Transportes decidirá si es posible mantener el último trazado adoptado, si requiere o no de algún cambio y por lo tanto algún trámite administrativo más antes de que se decidir dar la orden de contratar la construcción de la línea del AVE de Vigo.
Fue a inicios de octubre del 2018 cuando José Luis Ábalos anunció que su departamento iba a poner en marcha el estudio hidrogeológico con el que ahora tienen que contar las grandes obras que incluyen túneles en su ejecución, trámite entonces nuevo y a cuyo sometimiento indicaba debía pasar el proyecto del AVE vigués a causa de la lentitud con la que achacaba a sus predecesores del PP la gestión de las obras propuestas. Sin embargo, aún pasaron nueve meses hasta que la unión de empresas Eptisa y Sondeos Peñarroya se hizo con el contrato por 1,3 millones de euros. En aquel viaje oficial de Ábalos a Vigo, el ministro advertía en todo caso que él ponía en marcha el estudio, lo que el alcalde Abel Caballero, tradujo como «el desbloqueo del AVE de Vigo por Cerdedo». Pero el responsable de obras y transportes del Gobierno de Sánchez subrayaba que sería el ministro que ocupe el puesto cuando se acabe el estudio del comportamiento del agua sobre el trazado y su entorno quien vaya a tomar una decisión sobre la ejecución o no del proyecto. Realización que los presupuestos que no consiguió hacer prosperar Pedro Sánchez ubicaban en el año 2030 el final de las obras. «La prioridad ahora es el acceso central», decía a La Voz en una entrevista entonces, dando a entender que hasta que no se concluyan las obras del AVE a Galicia no se moverá realmente el de Vigo. Tal consideración o la de dilatar hasta dentro de diez años la puesta en servicio del ansiado tren no ha alterado sin embargo el optimismo con el que desde entonces el gobierno municipal olívico contempla el proyecto y que en el 2017 había llevado al alcalde a encabezar una concentración-concierto para exigir la puesta en marcha del AVE de Vigo.
Siete ministros
Siete ministros se han ido traspasando esa reclamación de Vigo sin que el proyecto haya salido aún del laberinto de los estudios técnicos. Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco, Ana Pastor, Rafael Catalá, Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos han movido lo justo, en el mejor de los casos, el proyecto, traspasando una decisión definitiva al respecto a su sucesor. La tramitación de los informes medioambientales, especialmente dilatada en la etapa de la socialista Magdalena Álvarez al frente de Fomento (lo sometió a un agujero negro temporal entre el 1 de abril del 2004 y el 21 de septiembre del 2007) y los sucesivos cambios de trazado han ido relegando unas obras, cuyo coste ha variado según los cálculos de sus promotores y la misma Administración entre 1.000, 1.800 y 2.000 millones de euros.