Los jueces de Vigo piden refuerzos y dos salas más de lo civil para tramitar demandas de fondos buitre
VIGO CIUDAD
Cada magistrado tiene que hacer un 30 % más de trabajo que hace un año y están desbordados por la llegada continua de cajas repletas de reclamaciones de deudas de empresas de recobro
13 feb 2020 . Actualizado a las 21:44 h.El juez decano de Vigo, Germán Serrano, escribirá hoy o mañana a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para solicitar la creación en Vigo de dos juzgados nuevos de Primera Instancia, que resuelven pleitos de deudas y herencias, así como una medida inmediata de refuerzo. Los datos lo justifican: cada juez de lo civil pasó de tramitar 1.181 casos en el 2018, dentro del módulo oficial de trabajo, a 1.560 en el 2019, por encima de las cargas habituales.
Para estudiar las necesidades, el juez decano se ha reunido esta mañana en una junta sectorial con los once jueces de Primera Instancia de Vigo que tramitan reclamaciones de deudas. Quedaron excluidos los tres de familia y el magistrado de las cláusulas suelo.
El aumento de la carga de trabajo en apenas año ha sido del 32 %. Es una subida que, según fuentes jurídicas, califican de «crecimiento exponencial, muy importante». Un 10 % de este aumento se explica porque once jueces se tienen que repartir los asuntos ordinarios del magistrado que está especializado en cláusulas suelo, el cual a su vez está «a rebosar con una bolsa brutal» de litigios de condiciones generales de la banca. El 20 % del aumento restante se debe, sobre todo, a la continua presentación por los fondos buitre de reclamaciones de deudas. «Nos llegan cajas enteras al decanato repletas de demandas de reclamaciones de deudas promovidas por los fondos buitre», dice una fuente judicial.
Al aumento de pleitos se suma una mayor dedicación de los jueces para detectar de oficio (de forma rutinaria) las cláusulas abusivas que aparecen en los contratos crediticios y bancarios y luego anularlas, lo que ralentiza los proceso monitorios, que pasaron de ser 4.518 a 6.060 en apenas un año. El parón por la huelga del 2018 no influyó en este aumento, según los jueces.
Con las nuevas salas se pretende ayudar al resto a tramitar la avalancha de pleitos promovidos por las multinacionales del recobro. Los jueces están sobrecargados por los litigios emprendidos por sociedades que operan desde sedes en Irlanda, Malta, Luxemburgo o Escandinavia y que compran lotes de deuda a los bancos a precio de saldo y luego le reclaman las facturas impagadas a los morosos de Vigo.
Según explicó una magistrada, el problema no es solo el elevado número de pleitos que está llegando, sino también el tener que mirar con lupa si contienen condiciones abusivas. Es un mandato de los tribunales de la UE que obliga a controlar si hay abusos al consumidor en los procesos monitorios. Se trata de reclamaciones exprés de pequeñas deudas, generalmente a clientes que tiraron de su tarjeta de crédito o hicieron contratos bancarios, luego cedidos a empresas de recobro.
Curiosamente, el juez de Primera Instancia número 11 de Vigo consultó al tribunal de Estrasburgo si también tenía que buscar cláusulas abusivas en los monitorios europeos (son demandas interpuestas desde otro país comunitario cuando no hay sede en España), pues estos estaban eximidos de los controles. En pocos años, el número de monitorios europeos se disparó en Vigo desde apenas 30 a 300 porque los fondos buitre vieron un coladero. Pero el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) respondió afirmativamente al juez vigués y, desde entonces, Vigo ha dejado de recibir monitorios europeos. «Se ve que antes les compensaba y ahora ya no pueden sacarle partido», dice una jueza.
Guardias de 24 horas
Por otra parte, los ocho jueces de Instrucción, a petición del Poder Judicial, se han reunido esta mañana para recabar datos del volumen de su trabajo que justifiquen la implantación de un sistema de guardias de 24 horas. El Poder Judicial está tramitando la petición de Vigo para estas guardias que rotan a diario y no semanalmente, lo que supone ganar calidad de vida para los magistrados, letrados judiciales y funcionarios.