El juez elimina el requisito del empadronamiento para obtener la PassVigo

La sentencia falla a favor del concello de Redondela y Abel Caballero critica que se basa en una ley «anti Vigo»


Vigo

Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Vigo ha estimado la demanda interpuesta por el Concello de Redondela frente al Concello de Vigo y ha declarado contrario al ordenamiento jurídico la exigencia de empadronamiento como condición para la obtención de la tarjeta PassVigo.

El fallo hace referencia a la Ley Autonómica 2/2017, que establece que los bonos para la promoción del uso del transporte público están dirigidos al público en general «y no será admisible la introducción de discriminaciones por razones de territorio o residencia».

El magistrado entiende que si esta tarjeta solo puede ser concedida a personas empadronadas en Vigo, contraviene la normativa porque «es claro que se atiende a criterios de residencia para disfrutar de la tarifa reducida y de las bonificaciones». La sentencia también hace referencia a otras normativas como el reglamento de servicios de las corporaciones locales, que indica que la tarifa de cada servicio público municipal será igual para todos los que recibiera las mismas prestaciones. También la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres expresa que los transportes públicos regulares de viajeros pueden ser utilizados sin discriminación por cualquier persona que lo desee. 

El Concello de Redondela, cuando estaba gobernado por el popular Javier Bas, interpuso la demanda para que el juzgado declarase contrario a derecho la exigencia del empadronamiento en Vigo para disfrutar de la tarifa reducida en el servicio de transporte urbano de Vigo. Gracias a esta acción, el juez impuso la suspensión del requisito del empadronamiento como medida cautelar, que fue ratificada posteriormente por el TSXG. La eliminación de este requisito ya es por orden de una sentencia de primera instancia. 

Valoración del alcalde

El alcalde, Abel Caballero, ha reaccionado a este fallo diciendo que obedece «a la ley anti Vigo que hizo Feijoo, por la que le obliga a Vigo a pagar los autobuses a los que son de fuera. El juez dice que hay que pagarlos porque lo dice esta ley, que solo se aplica en Vigo». En su opinión, forma parte «del matonismo político de Feijoo contra esta ciudad y le vamos a responder en las elecciones». El Concello estudiará las vías a su alcance para intentar revocar esta sentencia. 

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