Cerca de 600 familias fueron expulsadas de sus viviendas el pasado año en la ciudad
22 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El 2019 se cerró con cerca de 600 familias desalojadas de sus hogares en Vigo, la mayoría por impago de alquiler. Es una cifra que representa una subida de entorno al 40 % respecto al ejercicio anterior y que ha desatado la alarma en colectivos sociales. La oenegé Os Ninguéns, que ayuda a los sintecho de la ciudad, ha convocado para el viernes una concentración frente al mercado de O Calvario, a las 11.00 horas, para denunciar el «insoportable» aumento de desalojos por impago de alquiler.
Al igual que la Oficina de Dereitos Sociais de Coia y algunas fuerzas políticas de izquierdas, propone la creación de un parque público de vivienda social en alquiler, que sea coordinado por la Xunta y el Concello de Vigo y que sirva de colchón a las familias.
Después del verano del 2019, ya se visibilizó en Vigo que este problema social estaba volviendo a aumentar. La Oficina de Embargos y Notificaciones de Vigo tramitó en nueve meses 438 peticiones de desalojos de morosos, en su mayoría inquilinos. Estos desalojos desde el 1 de enero al 30 de septiembre suponían un 84 % más de intervenciones que hace un año, cuando en esas fechas solo se realizaron 237. La razón de tanta diferencia es que en el 2018 hubo un parón de tres meses por una huelga de funcionarios judiciales. La media saltó de 0,87 desalojos al día a 1,66. El 2019 terminó con 571 desalojos frente a poco más de 405 en el 2018.
Homenaje a Vikingo, un sintecho fallecido
La asociación Os Ninguéns hará el viernes un minuto de silencio en homenaje a Francisco José S.B., un sin techo de 29 años apodado Vikingo. Fue hallado muerto en un choupano cercano a O Berbés, en el Casco Vello, el viernes 17.
Con ese minuto de silencio, la asociación quiere mostrar su respeto y luto colectivo. Mostrarán su «rabia e dor por este «novo golpe que tristemente ilustra cómo existe un Vigo sombrío que sofre sen paliativos».
Vikingo fue el último vecino empobrecido que murió en Vigo en situación de carencias severas, según explica Os Ninguéns.
Entre otras cosas, Os Ninguéns reivindica que los sin techo alojados en los albergues no tengan un límite máximo de diez noches de pernocta. Señalan que los responsables del albergue los echan a los diez días a sabiendas de que volverán a los «perigosos, insalubres e infrahumanos choupanos».
Otras voces llevan alertando desde hace años de la trampa de la pobreza en la que caen los sin techo de Vigo, obligados a peregrinar de una ciudad a otra, a medida que agotaban su estancia en un centro de acogida y pasaban a otro. En Vigo, ese plazo se amplió de tres a diez días pero sigue sin resolver el problema de los más desfavorecidos para tener un lugar fijo donde puedan descansar durante unos meses y empezar su proceso de rehabilitación e integración social.
Otra idea que a veces se baraja es abrir un centro social todo el día para que estas personas dispongan de un lugar a resguardo del frío y la lluvia donde pasen la jornada viendo la televisión en un sofá o tomando la siesta en una butaca. Si están abocados a dormir en la calle y hacer vida de okupas, será más difícil que escapen de la pobreza.
Marea informará a Garzón, ministro de Consumo, de los créditos vendidos a fondos buitre
Marea de Vigo informará al ministro de Consumo, Alberto Garzón, de la existencia de cientos de familias viguesas, sobre todo vecinos del barrio de Coia a quienes ahora unos fondos buitre le reclaman dinero e intereses por unos créditos que dejaron sin pagar hace años. Dichos fondos compraron lotes de deuda a precio simbólico a los bancos y operadoras de servicios y ahora bombardean con miles de cartas y llamadas a los morosos de Vigo para cobrarles la totalidad de la deuda. Muchos de ellos ya están jubilados. Marea de Vigo ve detrás una práctica abusiva y acusa a dichos fondos de incumplir «claramente» el artículo 1.585 del código civil y anima al Ministerio de Consumo (Garzón es miembro de Izquierda Unida, como el portavoz municipal Rubén Pérez) a que persiga estas prácticas que consideran «abusivas».
Marea señala que se trata de hogares especialmente afectadas por la crisis y el desempleo, que en su día suscribieron créditos que no pudieron pagar. Estos fondos buitre, que tienen sede en países de baja fiscalidad, estarían incumpliendo la legalidad.
Uno de los barrios más afectados es Coia, donde muchas familias fueron golpeadas por las reconversiones navales y el paro crónico de los años 90 y, al no pagar, sus deudas se convirtieron en créditos litigiosos, lo que da en teoría derecho al deudor a saldar la misma cuantía a la que se quiera vender a un comprador en un plazo de nueve días. Ponen de ejemplo que una deuda de 50.000 euros a una antigua caja de ahorros puede ser comprada por un fondo por 700 euros y luego la reclaman en su totalidad.