Los abogados no quieren administrar los concursos «malos», que suben un 25 %

Las pymes en liquidación no tienen dinero en caja ni para pagar los honorarios del administrador concursal designado por el juzgado

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Lucía Molares, y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, visitarán los juzgados de Vigo para revisar los espacios físicos y las necesidades
La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Lucía Molares, y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, visitarán los juzgados de Vigo para revisar los espacios físicos y las necesidades

vigo / la voz

Muchos abogados de Vigo no quieren ni oír hablar de ser designados para administrar los concursos «malos» de acreedores, que en el argot jurídico se denominan a aquellas suspensiones de pagos presentadas por empresas arruinadas y sin fondos en la caja. Se trata de unos concursos donde las firmas deudoras entran directamente en fase de liquidación y donde el administrador concursal ni siquiera tiene asegurado que encuentre dinero para pagarse su propia minuta. Algunos se han llegado a quejar de que incluso tienen que poner dinero de su bolsillo para afrontar los gastos rutinarios de gestión.

Los concursos «malos», lejos de ser una rareza están aumentando. Este año, este tipo de suspensiones de pago han subido un 25 %. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, contabilizó 48 concursos en total el año pasado, frente a los 37 del 2018. Aunque hubo algunos concursos destacados, en su mayoría se trata de pymes del sector servicios con poca facturación que carecen de bienes, como locales, vehículos o mobiliario, que embargar o vender. Tampoco hay facturas que reclamar a la clientela. No tienen activos, solo pasivos: deudas a la Seguridad Sopcial. En otras palabras, no hay nada que sacar.

El problema es que el administrador concursal no elige sus litigios sino que es el juzgado de lo mercantil el que lo selecciona por turno en una lista. Los grandes concursos, como el de un astillero naval con activos millonarios, solo se asignan a letrados de demostrada experiencia profesional. El administrador concursal tiene, entre sus tareas, que reordenar los pagos, convocar a la junta de acreedores, aprobar un convenio o vender activos para pagar las deudas prioritarias, entre ellas sus honorarios.

Al recién graduado en Derecho que termina un máster y abre un despacho nunca le van a designar para estos grandes litigios donde están en juego millones de euros y la reflotación de una empresa clave para la ciudad, por ejemplo.

Todo el mundo quiere que le toque un concurso rentable pero, en los últimos años, no hay mucho donde elegir. Ya pasaron los tiempos de la crisis del ladrillo del 2008 donde se desplomaban grandes constructoras y los administradores liquidaban activos millonarios, constituidos por edificios en obras y solares. Ahora quiebran, generalmente, empresas zombi abocadas al cierre antes de presentar la solicitud del concurso. Otras sociedades se quedaron sin liquidez pero tienen confianza en salir a flote.

En los últimos tiempos, muchos abogados confiesan su malestar entre bambalinas porque les ha tocado un concurso malo pero acaban aceptando porque, de lo contrario, saldrían de la lista. Quizás haya más suerte la próxima vez que suene el teléfono.

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