Testimonios y pruebas reabrieron la investigación por la muerte de la joven cuyo cadáver apareció en una cuneta en Vigo hace casi 20 años sin que, hasta hoy, solo hubiese sospechas sin investigados oficiales
14 feb 2022 . Actualizado a las 22:15 h.Ninguno de los policías de homicidios que investigaron inicialmente la desaparición y muerte de Déborah Fernández-Cervera sigue en el caso. Casi todos están retirados años después. A ella se la tragó la tierra mientras corría por Alcabre (Vigo) el 30 de abril del 2002. Lo siguiente, el 10 de mayo, fue localizar su cuerpo en una cuneta de O Rosal. Tenía 22 años. El procedimiento, en su fase más incipiente, cayó en manos de la Guardia Civil para acabar finalmente en las de la Policía Nacional. Procesalmente nació en Tui, viajó a un juzgado de Vigo por unos días y regresó definitivamente a Tui. Los dos siguientes jueces que tuvieron la causa en su poder no consideraron oportuno reabrirlo. Ya en el 2010 se emitió auto de archivo, hasta su reapertura hace dos años y la citación, trasladada hoy, como investigado al hombre que era su pareja hasta poco antes del misterioso fallecimiento.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Tui acordó el 7 de noviembre del 2019 la reapertura de diligencias para la práctica de nuevas pruebas periciales. Ya el día 25 denegó la práctica de propuestas por los letrados de la familia de la difunta. También solicitó la declaración de siete personas, todas muy próximas a la expareja de la fallecida. María, José y Rosa, los tres hermanos de Déborah, siguen atentos junto a sus padres: «Hay factores nuevos [para la reapertura] y otros no tan nuevos. De todos los testimonios previstos hay una parte que ya estaba dentro de la instrucción, gente allegada a la familia que en su día estuvo cerca, vio algo o notó algo», explicaba entonces la pequeña de los cuatro hermanos, Rosa.
Nuevos y mejores medios
La investigación policial se realizó sin los medios actuales, más precisos y científicos. «Mucho se habló entonces del ADN, pero las técnicas que había en aquellos años no están al nivel actual, no había las posibilidades de obtención de ahora. El grupo nuevo de homicidios [en estos casi 20 años ya hubo varios responsables] ha hecho otra serie de cosas para investigar, la tecnología actual es otra. Pero no es una varita mágica ni tampoco un capítulo de CSI que resuelve el caso de turno en una hora», explican en la Policía Nacional, antes de añadir: «No hay mayor logro para un policía nacional que resolver un crimen, a nadie le gusta tener algo así pendiente en un cajón. Lo primero, por los allegados de la joven fallecida».
La familia de Déborah es muy crítica con el trabajo policial realizado desde el 2002. Lo exponía en el 2019 su hermana Rosa: «La investigación fue un auténtico desastre, hubo negligencias por todas las esquinas y nunca hubo ningún tipo de instrucción judicial. Mis padres no han declarado, mi hermano José tampoco, a mí acaban de llamarme por primera vez en 17 años». De ahí el clima de calma tensa que se respiraba tras la reapertura del procedimiento, y desde entonces: «Estamos con pies de plomo, no queremos hacernos demasiadas ilusiones. Somos conscientes de las limitaciones que existen al reconstruir un caso tantos años después. Pero por fin, la jueza y el fiscal nos dan la mano para arrojar luz a la muerte de nuestra hermana».
Los condicionantes previsibles pasan por la falta de memoria de los testigos citados. Ya sea porque dudan de cuestiones concretas o porque no recuerdan nada. «Han pasado casi dos décadas y, aunque llamen a declarar a mucha gente, también sabemos que habrá muchos hándicaps. Sí estamos esperanzados porque por primera vez nos vemos apoyados judicialmente. Lo que menos queremos, a estas alturas, es darnos otro golpetazo. Esto es solo un gran paso, era nuestro objetivo máximo y lo hemos conseguido. Ahora intentaremos ir a por más». Añaden que el camino andado no sería posible «sin la ayuda de muchas personas y de otras tantas que nos han dado pistas que pudieran contribuir al esclarecimiento».
Todo se materializó en diferentes informes presentados en el juzgado de Tui en junio del 2019. El valor de las nuevas pruebas periciales y testificales es una incógnita todavía. La familia, al menos, aplaudió el simple hecho de la iniciativa. «Sea cual sea el resultado de las declaraciones testificales y de la pericial acordada no cesaremos en el empeño de descubrir qué persona o personas fueron las responsables de la desaparición, muerte y traslado del cuerpo de Déborah. El deseo es conocer la verdad, sea cual sea. Y después de tantos años el Juzgado de Tui cita por primera vez a declarar a alguien, lo que esperamos que pueda contribuir a conocer la verdad».
Grupos nuevos
La investigación sobre Déborah Fernández-Cervera se consideró, policialmente, un caso acabado hasta su reapertura. «Es muy normal que ocurra. Se consideran muertos hasta que llega un grupo nuevo y rebusca. Muchas veces, al pasar el tiempo y sofisticarse los medios, se consigue avanzar. La gente [en referencia a los investigadores] tiene la conciencia muy tranquila. Nos ceñimos a los hechos. Se resolvió el crimen de Ana Enjamio, se resolvió también el del acusado de matar a su padre en Lavadores. La información no cayó del cielo en ninguno de los dos casos, pero a veces se dan condicionantes que no permiten resolver el asunto a pesar de haber intentado todo. Aquí hay condicionantes iniciales, y nosotros no estábamos entonces en el caso».
La familia, más allá de la trinchera procesal, cavó otra zanja para lograr el apoyo social. Incluso recurrió a la recogida de firmas en Internet. Sumaron 130.000, «de todo el mundo», en la plataforma Change.org para pedir la reapertura del caso. También convocó actos públicos en Vigo que movilizaron a mucha gente. Incluso mostró su apoyo firme para que se mantenga la condena de prisión permanente revisable frente a la posibilidad de que se derogue. Redes sociales y un sinfín de entrevistas, además de declaraciones y confesiones a medios de comunicación en cualquier formato, completaron estos años de trabajo. Todo por mantener viva la investigación de un crimen aún sin resolver.
El caso no resuelto de Déborah Fernández es, junto al de Marta del Castillo (2009), una de las grandes espinas clavadas de la Policía Nacional. En este cuerpo sostuvieron siempre que hicieron todo lo posible, sobre todo los responsables de delitos contra las personas de Madrid, con viajes a Vigo cada vez que lo consideraban necesario o cuando la familia de la fallecida alertaba de posibles novedades. La familia de Déborah opina lo contrario. Basta revisar sus declaraciones públicas, o en redes sociales, para evidenciarlo. Queda para el recuerdo aquella rueda de prensa, en un hotel de Vigo, donde señalaron al exnovio de Déborah, bautizándolo con un pseudónimo, como la persona responsable de la muerte de la joven y de un cúmulo de actos premeditados para ocultar las pruebas incriminatorias.
Aquella comparecencia sirvió también para acusar abiertamente a la Policía Nacional de ocultar pruebas relevantes que permitirían resolver el caso; algo que, de ser cierto, supondría un delito de prevaricación. Pero nadie, al menos que trascendiera, movió ficha para aclarar semejante acusación. Ya lo último, el pasado enero, coincidiendo con la celebración de Reyes, la familia recurrió a las redes sociales para hacer público un informe de la Policía Nacional, redactado en el 2019, que incriminaba a un conocido en la muerte de Déborah. Se trataba del exnovio, al que hoy se ha citado para declarar como testigo a sabiendas, todas las partes, de que el fantasma de la prescripción de los delitos cometidos se asoma.