Urbanismo para vigueses de primera y para vigueses de segunda

El instrumento de ordenación provisional favorece a unos ciudadanos, pero otros tendrán que esperar un mínimo de cuatro años


El pasado 20 de noviembre se cumplieron dos meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra de las ordenanzas del denominado «Instrumento de medidas provisionales de ordenación previsto en el art. 88 de la Ley 2/2017». El documento, a través de una curiosa pirueta jurídica, viene a revivir, por lo menos de forma parcial, el contenido del Plan General de Vigo del 2008, declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo. Nace tras dos años y medio de tramitación, investido de un halo salvador y publicitado en los medios como una gran victoria o éxito para la ciudad de Vigo y los vigueses, que de esta forma, y sin esperar a la tramitación y aprobación de un nuevo Plan General con todos los requisitos exigidos por la normativa de aplicación, ven como contrariamente a lo que sostenía el Tribunal Supremo se repone la ordenación anulada.

La razón de esa pirueta, o por lo menos la esgrimida, no puede ser por motivos obvios la real. Es decir, eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, razón por la cual se ha invocado, como siempre, el interés de la ciudadanía y los hipotéticos perjuicios que para ella, y por ende para la propia ciudad, conllevaría tener que aplicar un Plan, el de 1993, que se califica como obsoleto y desfasado para poder atender las necesidades de la ciudad.

Hasta ahí, y no sin alguna duda, bien podría decirse aquello de que «el fin justifica los medios» y que las necesidades de la ciudadanía y de la ciudad justifican apartarse de lo sentenciado. Lejos de tramitar un nuevo Plan, se tramita y aprueba un documento que no es un Plan y que se llama instrumento como podría haberse llamado objeto de ordenación no identificado, sobre el que pivotarán las licencias de los próximos años. El problema es que mientras el Plan ordena o debería de ordenar todo el territorio municipal, el «instrumento» limita su alcance a una parte del territorio; en teoría, a aquella parte que el Plan del 2008 clasificaba como urbano consolidado y, puntualmente, a aquella otra clasificada como urbano no consolidado cuando, a juicio del Concello, sus ámbitos se consideran de interés general.

La consecuencia de lo anterior es que parte del término municipal ha quedado ordenado con un documento moderno y acorde con la realidad y sus necesidades, y otra parte, con un Plan, el de 1993, obsoleto, con carencias y desconectado con la realidad; y que esa dualidad se prevé mantener hasta la aprobación del nuevo Plan General, es decir, como pronto hasta dentro de cuatro años.

Se ha creado con ello, y desde el punto de vista urbanístico, una ciudad con dos velocidades, un Vigo de primera categoría y un Vigo de segunda categoría. Y lo que es peor, unos vigueses de primera categoría y otros de segunda categoría.

Pero es más, sin entrar a valorar por quée unos suelos urbanos no consolidados tienen la condición de interés general o no, el examen detallado del «instrumento» permite constatar que no todo el suelo urbano consolidado se ha incluido, de forma que coexisten suelos urbanos consolidados en los que se aplicará durante cuatro años una ordenación obsoleta y otros en los que desde ya, y durante esos cuatro años, se aplicará una ordenación moderna.

En definitiva, sin una clara motivación, se ha condenado a algunos vigueses a una segunda velocidad durante por lo menos esos cuatro años, obligándoles a sufrir unos daños y perjuicios que no tienen el deber de soportar, naciendo probablemente un derecho a reclamar una responsabilidad patrimonial.

Por Juan Colón Garrido Abogado

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