La asonada en la atención primaria


En unos días se podrá celebrar el aniversario de una revuelta singular en la atención primaria, iniciada con la dimisión de unos 24 jefes de servicio del área de Vigo. Este aniversario coincide en el tiempo con la publicación de un documento elaborado para reformular la gestión de la atención primaria. Afán parejo al de otras autonomías, singularmente el País Vasco, sanidad de referencia en los discursos de gestores y políticos gallegos, que olvidan que allí se dimite -desde el consejero para abajo- por denuncias de filtraciones de exámenes, mientras aquí, con sentencias que invalidaban oposiciones, gerentes o conselleiros, ni pestañean. Percepciones diferentes de lo público.

Las preguntas empiezan por situarnos en el ámbito geográfico de las dimisiones, Vigo, que en sus aspectos sanitarios presenta singularidades: cuenta con dos hospitales públicos desde hace 30 años. Cuenta con un hospital privado, el único en Galicia, con una concesión del Sergas para una población de 130.000 personas. Añádase a ello las distorsiones provocadas por el antiguo MEDTEC, hoy Galaria, y se verá la complejidad de gestión del área de Vigo, con un único gerente de hospitales y atención primaria para unos 600.000 habitantes. Porque comunes a todas las áreas sanitarias son los sistemas de gestión, la selección de directivos y asociados, la errónea jubilación a los 65 años, la precariedad e inestabilidad laboral del personal, y las capacidades y previsiones de formación MIR.

Frente a ello, el Gobierno de la Xunta empezó a buscar soluciones, o a hacer que lo hacía. Luego de algunos meses dio en la solución habitual del recambio, cambio gerente por gerente, en ese cuerpo rotatorio de gestores. También presentó en febrero 200 medidas. Propuso a su vez la congregación en comisiones -nada menos que 15- de los agentes implicados y sus varias representaciones. Logró que algunas representaciones pidieran la desconvocatoria de una huelga convocada por facultativos. Formuló los consabidos discursos de transferencia de responsabilidades al Gobierno de España, como en el tema MIR o en la supuesta escasez de médicos, obviando las condiciones propias de precariedad laboral durante años. Y al tiempo convocó otra comisión, esta de expertos reconocidos, para diagnosticar y proponer alternativas en la atención primaria, que elaboró un documento recientemente presentado. Documento y comisión que a su vez provocaron la protesta de sindicatos y asociaciones de defensa de la salud pública, aun enredados en los trabajos de aquellas 15 comisiones sectoriales del quizá contestado Consello Técnico de Atención Primaria.

Ha pasado un año. Faltan diez meses para las elecciones. Nada hace suponer que en este tiempo medidas para resolver eufemismos como «garantizar el relevo generacional» o «la satisfacción de los trabajadores» vayan a ponerse en marcha. En unos días, nueva huelga de facultativos de atención primaria convocada por la Asamblea de Áreas Sanitarias, al parecer solos. «Y la nave va», una vez más.

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