Los juzgados de familia aprueban 53 decisiones médicas al mes pero alertan de la falta de plazas en los hospitales especializados
27 oct 2019 . Actualizado a las 21:37 h.Los tres jueces de familia de Vigo han firmado más de 550 órdenes de internamiento psiquiátrico, generalmente involuntario, en lo que va de año. Una alteración del estado psíquico puede derivar en un ingreso involuntario en el hospital. Hay numerosos casos, desde adolescentes que padecen desórdenes de personalidad hasta enfermos crónicos que sufren brotes, jóvenes que han perdido el control y se vuelven hostiles en el hogar, o mayores que deliran, están desorientados, exhiben tendencias autolesivas o muestran un deterioro cognitivo. En otros hizo mella el consumo de drogas y el abuso de alcohol. Cuando la situación se vuelve insostenible, amigos, familiares o vecinos avisan a la ambulancia o a la policía para que trasladen a estos pacientes a un hospital y reciban una atención médica adecuada para estabilizarlos. Más de medio millar de enfermos han sido ingresados de forma involuntaria en las unidades de salud mental en Vigo desde enero, lo que lleva a los expertos judiciales a hablar de un «repunte»: ven más casos, motivados por decisión médica.
Cada mes, 53 personas con problemas de salud mental son ingresados involuntariamente. El régimen ambulatorio no es el adecuado y se les priva de libertad por razones de salud. Para legalizar la hospitalización, un juez debe ir a evaluar el estado psíquico del enfermo y autorizar su retención hasta que obtenga el alta.
Una ambulancia los traslada hasta el centro sanitario, donde reciben medicación, y los jueces de Familia acuden luego a examinar al paciente para comprobar que la decisión médica de internarlo está justificada. Suele prevalecer el criterio clínico.
Si en las semanas siguientes, el enfermo no recibe el alta, la comisión judicial lo visita cada seis meses para revisar su caso y prorrogar su estancia.
Actualmente, el número de internamientos psiquiátricos en Vigo ha aumentado un 7 % respecto a hace un año, al pasar de 512 a 550. En el último lustro, la cifra de hospitalizaciones ha variado desde los 57 casos al mes en el 2017 (se rozaron los 700 internamientos anuales) hasta los 52 del 2018 (631 anuales). La tendencia vuelve a ser al alza y este año rondará los 660.
La comisión judicial está compuesta por un juez de familia, que se turna cada semana, un forense y un letrado judicial. El fiscal puede proponer un ingreso, como fue el caso del vecino del Calvario de 81 años apodado el Rayacoches, internado por orden judicial en el Álvaro Cunqueiro y luego en un geriátrico de Tui.
Los pacientes agudos son ingresados en la unidad del Hospital Álvaro Cunqueiro, situada en un ala del complejo sanitario de Valadares. En dicha planta reciben medicación pautada en régimen cerrado. Están alojados en habitaciones dobles y, dado que no pueden salir del recinto, deambulan por los pasillos a la espera de la medicación o visitas.
En su examen, el juez pregunta al paciente, por ejemplo, cuánto vale un euro, o cuál es su nombre, para comprobar si charla con coherencia, entiende las instrucciones o si divaga o es hostil. El magistrado sopesa el informe del forense y se basa en su diagnóstico para autorizar el ingreso.
Pese a que es un régimen cerrado, se conceden permisos con acompañamiento familiar. A veces, algunos pacientes extranjeros sin arraigo social pueden pasar meses deambulando por los pasillos sin salir ni obtener el alta. Otras veces, las oenegés visitan a los más desfavorecidos.
Un experto judicial: «En Vigo debería haber más centros para que la gente esté bien atendida»
Juristas del Juzgado de Familia de Vigo han detectado un repunte de casos este año. «Vemos mucha gente joven, que tienen brotes o un deterioro de enfermedades anteriores, otros dejan la medicación. A veces, te quedas horrorizada. El internamiento lo suelen acordar los médicos», dice una fuente judicial. «A mucha gente se le va la cabeza y los trabajadores saben que no tienen la capacidad de razonar. El juez, el letrado y el forense ven si dicha persona se ha estabilizado», añade.
El juzgado, tras autorizar un internamiento, requiere al centro que le informe de si le da el alta al paciente. «Es una decisión médica y nos lo trasladan», dicen las mismas fuentes. En los juzgados opinan que una razón de que suban los casos «se debe a que los internamientos se deciden por cuestiones médicas. Haya repunte o no, hay muchísimos casos, es una barbaridad, y son por motivos médicos».
El problema en los centros de salud mental, al igual que el de los geriátricos, es la falta de plazas para los internos. Dado que los médicos siguen recomendando el régimen cerrado, «esto ya es una cuestión médica y se necesitan más instalaciones en Vigo pero no hay plazas», dicen fuentes judiciales. Así, los médicos proponen nuevos internamientos pero el número de ingresos es mayor que las plazas disponibles.
Expertos judiciales añaden que los pacientes crónicos son internados en el Hospital Nicolás Peña, donde notan una falta de camas. «Detrás subyace un tema de servicios sociales. En Vigo debería haber más centros para que la gente esté bien atendida. Ahora son insuficientes».