El cerebro de la Patos en el primer juicio en Vigo: «Estoy tranquilo, no he cometido nada malo»

El empresario Enrique Alonso Pais comparece en un juicio por, supuestamente, amañar un contrato público para ampliar la caseta del escáner de Aduanas del Puerto de Vigo en el 2013


Vigo

La operación Patos en Vigo ha llegado a juicio esta mañana tras siete años de investigaciones. Es una pieza separada de la trama de presuntos sobornos a políticos y técnicos de la Administración en el 2013 por supuestos concursos amañados de obra pública para ampliar la caseta del puesto de escáner de contenedores de Aduanas en el Puerto de Vigo, producto de un convenio con Hacienda, en el que un empresario y constructor se habría aprovechado de sus contactos en la Administración para obtener la adjudicación de un contrato menor amañando los precios de mercado y dejando fuera a sus competidores. Pais negó cualquier trato privilegiado con su empresa.

El supuesto cerebro de la red de tráfico de influencias investigada en la operación Patos, el dueño de la empresa Eiriña, Enrique Alonso Pais, se ha sentado en el banquillo esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo para responder como supuesto autor de un delito de alteración de los precios en los concursos y subastas públicas así como una falsedad documental. Está incriminado junto a su mano derecho en la empresa, Jaime Manuel Alvariñas, así como el jefe de la división de proyectos de la Autoridad Portuaria, José Enrique Escolar Piedras, y el subcontratista Alberto Torres, que haría de comparsa en los concursos para fingir rivalidad entre ofertas. Supuestamente, el empresario País arregló un amaño con su contacto portuario para que le concediesen el encargo de una obra pública valorada en 9.000 euros y luego inflar otro presupuesto para meter 2.000 euros que quedaron sin cobrar. Para fingir legalidad, reclutaban a empresarios amigos para hacer acompañamiento y presentar ofertas con precios más caros que las del enchufado para dejarle ganar el concurso. 

El empresario Alonso Pais indicó a la jueza que las conversaciones grabadas con un técnico portuario que le pedía presupuestos son «charlas entre técnicos que he tenido hace seis años pero yo no me encargaba del día a día, si le pinchasen al teléfono a todo el mundo, sería lo normal». 

Añadió que «estoy tranquilo, no he cometido nada malo. Esas conversaciones son como si me llama mi madre octogenaria para preguntar si avisé al carpintero y le miento para tranquilazarla, esto es lo mismo, las cosas no son como la gente se quiere imaginar». 

Recalcó que al técnico portuario Escolar «lo acabo de conocer hoy». Añadió que «lo que no es normal es que te paguen una obra sin hacerla, pero no si cumples y todo queda a satisfacción, no veo problema».

El fiscal preguntó a Pais si es normal que un técnico de la Administración llame a un constructor para que presente presupuestos. «Mi trabajo es buscar obras y dar de comer a 77 familias, es muy triste y a veces se pasa mal. No me negué a tomar cafés con el alcalde y el presidente de la Autoridad Portuaria porque mi trabajo es las relaciones sociales y buscar obras. He pagado a todo el mundo, tengo la conciencia tranquila, no dejé tirados a mis trabajadores», añadió Pais.

Por su parte, su mano derecha, Alvariñas, señaló que aunque en las escuchas se mencionaron diversas obras, como echar grava blanca, reparar una rampa en el Náutico o hacer una rotonda en Bouzas para que pase un tren, lo cierto es que ninguna se concretó. «Es un canto de sirenas, de todo lo que se dice, nada», afirmó en el juicio.

Por su parte, el técnico Escolar sostuvo que todo se ajustó a la legalidad y que si no le pagaron 2.000 euros a Eiriña por el sobrecoste de un portalón fue porque no les mandaron la correspondiente factura. Recalcó que cursan invitaciones y que los presupuestos les llegan en sobres lacrados y que muchas convocatorias se publican en la Red para que pueda concursar cualquiera y algún presupuesto lo ganó gente que no tenía que ver con el entorno de Eiriña ni había sido invitada.

En cuanto al subcontratista Torres, este admitió que Eiriña le pidió un presupuesto y que se sorprendió porque tiempo después el Puerto le envió una invitación para participar en un concurso por el mismo motivo. Cogieron el presupuesto que ya habían enviado a Eiriña y se lo remitieron al Puerto a competir en la subasta.

En cuanto a la directora del Puerto, Beatriz Colunga, que declaró como testigo, indicó que Escolar es un buen trabajador y que los presupuestos donde la fiscalía se cree que metieron 2.000 euros para compensar a Eiriña no estaban inflados sino que se amoldaron a la cifra de 30.000 euros que se barajó inicialmente.

 En la vista, la jueza oyó diversas escuchas telefónicas que el empresario Pais y su lugarteniente mantuvieron en septiembre del 2013. El técnico portuario Escolar llama para avisar de que «vamos a seguir adelante con la obra de Aduanas» pero les pide a los empresarios que presenten «un par de presupuestos más, supongo que sabrás conseguirlos». La Fiscalía sospecha que para montar el concurso público necesitan reclutar a otros dos empresarios como comparsas para que hagan una oferta más alta que la del constructor enchufado. Luego, los técnicos les envía invitaciones para concursar junto a los dos comparsas que van a presentar las ofertas más altas . El empresario se queja de la obra de una rotonda de Bouzas fue publicada para captar ofertas y «si sale así es una locura», argumentando que los contratos menores no necesitan publicidad. Su contacto portuario dice que es cosa de la directora, que quiere hacerlo oficial de otra forma, y le promete «mirar cómo hacemos». En diciembre, hay otra llamada, donde el empresario renuncia a presentarse al concurso de una obra. En otra un contacto del Puerto le comunica que han invitado a cuatro empresarios a una obra y un quinto con el que no contaban.

Las defensas mostraron otras grabaciones en las que el Puerto llama a Eiriña para comentarle la existencia de una obra de una rotonda en Bouzas y que van a invitar a más constructores.

 Al inicio del juicio, el abogado de Pais observó una posible vulneración de derechos y pidió la anulación de las escuchas telefónicas al empresario porque no hubo un escrito judicial que justificase la intervención del número. También se queja de que estuvo tres años sin conocer de qué se le acusaba pues la investigación comenzó en el 2012 por hechos que no guardan relación con el delito de tráfico de influencias. Otro abogado pidió que se ejerza el principio de igualdad pues otros investigados (empresarios que participaron en el mismo concurso) quedaron absueltos dentro de la misma pieza por lo que ve discriminación sobre su cliente, al que se le impone la pena de banquillo. Otro directivo del Puerto de quejó de lo mismo. 

La Fiscalía replicó a las defensas del que la investigación no es prospectiva porque comenzó porque se estaban haciendo operaciones en las que se ennegrecía el dinero y se sospechaba que untaban a políticos, y luego derivó en las pesquisas por amaños en concursos públicos. Añade que si falta un auto clave para investigar a Pais, es porque en aquella época se plasmaba en papel que ahora no consta y no se unió a las actuaciones, lo que supone un error judicial pero no una vulneración de derechos. 

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