Los vecinos de Chapela buscan a los «dueños reales» de 35 propiedades

La asociación quiere evitar un catastrazo de más 25.000 euros por fincas ajenas


redondela / la voz

En el país en el que los marcos son piedras casi sagradas cuyo mínimo movimiento desata auténticas tragedias sociales, a la asociación de vecinos de Chapela le han caído del cielo 35 fincas y propiedades, alguna incluso fuera de su parroquia. En su caso, es el catastro el que ha movido los lindes hasta poner a los afectados contra las cuerdas. Les reclaman más de 25.000 euros en impuestos por posesiones que no tienen. Al malestar por la insólita situación se le suma la preocupación de que al no hacer frente a las deudas de otros les puedan bloquear a ellos su cuenta y, por lo tanto, perder su derecho y libertad a pedir ayudas y subvenciones.

Hacienda no les ha admitido a trámite el recurso, así que han tenido que tomar ellos la iniciativa para intentar, a todas costa, eludir las sanciones tirando de ingenio. «La asociación de vecinos de Chapela busca a los propietarios reales de estas fincas, montes y casas». Bajo este título y con el mismo fin, la entidad ha publicado en su Facebook las copias del catastro en las que ellos figuran como propietarios sin serlo. Intentan que los legítimos dueños de las parcelas puedan identificarlas para poder arreglar un desaguisado difícil de sobrellevar.

Ellos habían dado por zanjado el problema cuando en el catastro de Vigo presentaron un recurso alegando que debía haber habido un error en la revisión catastral y pedían la baja de todas esas propiedades. Hacienda no admitió su recurso «por no portar documentación que acredite la identidad del representante» y los apremios siguen llamando a su puerta, pese a que ni siquiera tienen un local social en propiedad.

La asociación cuestiona también la actuación de la administración en cuanto a la inscripción de propiedades, considerando «inconcebible» que se pueda hacer sin ningún tipo de documentación de propiedad y sin siquiera comunicárselo a los afectados. Así fue cómo a ellos les ha tocado hasta un campo de fútbol y ahora les reclaman el IBI de seis años por cada bien adjudicado. La entidad reclama que se paralice de manera cautelar cualquier cobro hasta que el catastro aclare la titularidad real.

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