La jueza ordena echar de Navia a 30 chabolistas para montar un gimnasio

La magistrada avisa a la Xunta que los desalojados están en situación de vulnerabilidad


VIGO / LA VOZ

El juzgado de Primera Instancia número 13 de Vigo ha estimado la demanda presentada por la multinacional Global Fitness Sport SRL, que reclamó la expulsión de sus terrenos en Navia de 30 chabolistas que llevaban viviendo allí tres décadas. La sentencia no es firme y puede recurrirse. El poblado está en el polígono de O Caramuxo, en la avenida de Ricardo Mella. Los residentes alegaron estar en exclusión social y vulnerabilidad y mantenían que llevaban 30 años en el mismo sitio, lo que les daba derecho a ocupar esos terrenos.

La jueza declara el desahucio por precario respecto a cinco fincas y condena a los demandados a dejarlas libres y expeditas. Tendrán que irse voluntariamente o una comisión judicial acudirá al lugar a hacer el lanzamiento. Los ocupantes ilegales también tendrán que abonar las costas. En el lugar, Global Fitness, una inmobiliaria que proyecta edificios deportivos y alquila inmuebles, pretende montar un centro de ocio y servicios y asegura que dará empleo a 200 personas.

El desahucio por precario es cuando alguien ocupa una vivienda sin ostentar un título de propiedad o contrato de alquiler ni el consentimiento del dueño, por ejemplo, cuando un sobrino vive en la casa de su tía sin permiso de ella y no se quiere ir.

Los ocupantes ilegales alegaron que llevaban allí 30 años viviendo y que algunos nacieron ayer pero la sentencia les ordena desalojar las parcelas. La jueza advierte a la Xunta que dichas personas se hallan en una situación de vulnerabilidad y que la Administración gallega tendrá que buscarles una vivienda. En total hay siete familias de etnia gitana que ocupan ocho chabolas. En concreto, el juzgado enviará un oficio a la Consellería de Política Social para comunicarle la existencia de una posible situación de vulnerabilidad en la que se puede encontrar los demandados a la espera de que se adopten las medidas oportunas.

La magistrada indica que la inmobiliaria asturiana es dueña de las fincas y en la que los ocupantes han levantado ocho chabolas. La jurista resalta que en esos terrenos nunca se inscribió ninguna edificación pero que allí se han levantado ocho chabolas, según las fotografías aéreas.

Una de las batallas del juicio, celebrado en junio, fue que habían adquirido la finca por prescripción. Sostenían que se convirtieron en dueños porque vivieron 30 años en esas tierras sin que nadie las reclamase. La jueza rechazó ese argumento porque no ve probado que efectivamente estuviesen tres décadas allí pues los chabolistas solo aportaron como prueba el testimonio del líder gitano Sinaí Jiménez, en el que contó que de niño iba con su padre a visitar a una anciana matriarca.

El único dato a favor de los chabolistas es que un residente está empadronado en esa dirección desde 1991 pero eso solo prueba que fue su última dirección hace 28 años y no descarta que haya estado domiciliado antes en otro sitio. Y tampoco habría transcurrido el plazo de 30 años, según hace notar la jueza.

La magistrada también rechaza otro tipo de adquisición, de 10 años entre presentes y 20 entre ausentes, pero ello exige buena fe y justo título. Pero eso exigiría que tuviesen un reconocimiento previo y público de que eran los dueños y estaban allí de forma pacífica y no interrumpida. Los pobladores insisten en que estaban allí con permiso del dueño disfrutando de sus hogares pero los mismos testigos insisten en que acudió la policía a veces. Por otra parte, una antigua dueña de los terrenos contó que las casas se derribaron por orden judicial en el 2008 y «al tiempo volvieron a construir chabolas pero no se hizo fuerza para que se fueran».

La jueza añade que ni siquiera pueden mostrar recibos del pago del impuesto del IBI que acreditase que la dueña les dejaba estar.

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