Entre enero y marzo, los tribunales de la provincia tramitaron 6.000 pleitos por deudas y desahucios
18 jun 2019 . Actualizado a las 13:36 h.La crisis económica que comenzó en el 2007 generó casi 250.000 pleitos en la provincia en una década sin contar las apelaciones, la mitad de ellos en Vigo, con más industria y población. Los tribunales examinaron entre 19.000 y 24.000 litigios por año en las Rías Baixas relacionados con los desahucios de hipotecados e inquilinos, concursos de acreedores, abusos bancarios, reclamaciones de deudas o despidos. Aunque los años de las preferentes y las ejecuciones hipotecarias ya pasaron, los coletazos siguen: entre enero y marzo los tribunales provinciales tramitaron 6.024 pleitos que tenían que ver la crisis. Haciendo una extrapolación, sumarían 24.000 al terminar el año, un volumen típico del batacazo del ladrillo. Pero ahora cambia el perfil: los desalojos son contra inquilinos, los concursos son para pedir la segunda oportunidad, las reclamaciones de dinero las promueven los fondos buitre y las demandas por abusos bancarios buscan la devolución de los intereses excesivos de las cláusulas suelo.
Desde el punto de vista empresarial, el temporal ha amainado. Desde que empezó la crisis, se tramitaron 1.711 concurso. En el 2013, los tres tribunales de lo mercantil de la provincia registraron un pico de 232 concursos. Actualmente, son 100 pero es la cifra más alta desde el 2015. El abogado vigués Óscar Arce explica que en cuanto a los concursos de acreedores «sigue habiendo mercantiles» pero también de personas naturales al objeto de obtener la segunda oportunidad (hacer borrón y cuenta nueva).
En cuanto a los despidos, hubo 25.828 demandas de trabajadores en la última década. Entre enero y marzo, se contabilizaron 479. Haciendo extrapolación, serían casi 2.000 litigios, y nos retrotrae a cifras del 2014. El abogado Matías Movilla explica que «sigue habiendo despidos objetivos en los que las empresas fundamentan la causa en las consecuencias genéricas de la crisis».
Movilla añade que «también es cierto que la recuperación económica no abarca a todas las empresas, pero muchas siguen utilizando como un mantra la crisis económica para abaratar el despido de sus trabajadores, lo que supone un abuso de derecho y muchas veces un fraude de ley».
Otro laborista, Fabián Valero, uno de los mayores influencers de Derecho en Twitter, no ve motivos de alarma. «De momento no notamos repunte. Tenemos varios asuntos de despido recientes, pero dentro de lo normal, nada que ver con lo vivido durante la crisis».
La reclamación de cantidades sumó 40.962 asuntos desde el 2007, además de 157.108 monitorios (deudas pequeñas). En el 2019, siguen las cifras estables. Óscar Arce indica que «sigue habiendo mucha reclamación de deuda y ahora sobre todo de los fondos buitre, que quieren cobrar esos créditos que les han sido cedidos por los bancos».
Los abusos bancarios añaden sal a la herida. Los juzgados de Vigo tramitaron 5.872 demandas de cláusulas suelo de toda la provincia. David Alfaya, de Asesority Abogados, dice que «los bancos siguen haciendo lo que les da la gana y brillando por su falta de transparencia. Por suerte los juzgados van parando estos abusos mediante sentencias condenatorias y veremos cómo aplican a partir de este mes la nueva ley hipotecaria». La litigiosidad entra en bucle con las apelaciones porque los bancos «siguen oponiéndose y defendiéndose con todo tipo de argumentos para marear lo máximo posible y no devolver lo cobrado indebidamente».
En cuanto a las ejecuciones hipotecarias, desde el 2007 se contabilizaron 8.894. Hay que sumar 3.870 ejecuciones de desahucio de propietarios de vivienda y 5.872 de inquilinos. Este año, sigue el goteo con más de 900 demandas en total cada trimestre en la provincia. Un portavoz de la Plataforma de Afectados pola Especulación da Vivenda (PAH Vigo-Tui), Adolfo Telmo, confirma que los datos de desahucios por impago de alquiler del 2019 «no son nada buenos» mientras cae la movilización social y suben los «desahucios invisibles» (pactos entre inmobiliaria y afectado sin darle publicidad).
Los procuradores avisan a los diputados del atasco de casos sin resolver
El Colegio de Procuradores de Vigo inició ayer una ronda de encuentros con los partidos del Congreso de los Diputados para elevar una reforma legislativa que permita agilizar la Justicia, especialmente en Vigo. La idea es que los procuradores actúen como ejecutores e intervengan directamente y agilicen las ejecuciones de sentencias. Se trata de un modelo parecido al de Portugal, «donde se han reducido notablemente los retrasos judiciales». Según los procuradores, Vigo triplica la media española en incremento de asuntos sin resolver en sus juzgados, con un aumento del 31 % en el 2017 frente al crecimiento medio del 9,7 %. Según las cifras que manejan, a finales del 2018 se acumulaban 20.063 asuntos sin resolver, «la cifra más elevada de la década». Añaden que «el atasco se ha incrementado en Vigo en un 66 % en cuatro años frente a la media del 7,2 % en España». El colegio se reunió ayer con la diputada Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, y el día 21 lo harán con el alcalde Abel Caballero. En las próximas semanas llevarán el asunto a Ana Pastor (PP), Olga Alonso y otros (PSOE), y Beatriz Pino (Ciudadanos). El decano del Colegio de los Procuradores de Vigo, José Antonio Fandiño, señaló que «es necesario un cambio legislativo que acabe con el problema endémico de la lentitud en la Justicia». El procurador ejecutor permitiría practicar embargos y diligencias, averiguar bienes y entregar notificaciones.