Una antigua dueña afirma que los chabolistas llevan diez años asentados de forma «consensuada y pacífica» y niega haber intervenido en la venta del suelo a la multinacional Global Fitness
15 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El juicio que promovió la multinacional Global Fitness, especializada en la apertura de gimnasios, contra 30 chabolistas que ocupan sus terrenos en Navia quedó ayer visto para sentencia. La empresa reclama que la jueza proceda a ejecutar el desahucio de los ocupantes ilegales de sus terrenos porque están allí en precario y tiene un proyecto para levantar un centro de ocio, servicios y mecánica que empleará a 250 personas. Los terrenos valdrían tres millones de euros.
Las ocho familias demandadas no se quieren ir y reclaman las tierras porque llevan 30 años viviendo en el lugar y, pasado ese período, la ley da por prescrita cualquier intento de echarlos. Como prueba, sostienen que algunos ocupantes están empadronados en el mismo lugar desde 1991, hace 28 años, y ya había gente antes. Incluso un matrimonio de 30 años y con hijos, nacieron allí, según dicen.
La vista se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Vigo. Asistieron una decena de afectados, incluido un niño de pocos años, que también se sentó en el banquillo. Llegaron algunos más tarde pero, a los últimos, la jueza les impidió la entrada para no interrumpir la sesión.
Testigo clave
En la jornada de ayer, solo faltaba por ventilar el testimonio de una protagonista clave del caso. Se trataba de la antigua dueña de las fincas de O Caramuxo, una procuradora jubilada de Vigo. Algunos testigos, amigos de los perjudicados, dicen haber oído antaño que un día una mujer, que se identificó como propietaria, habló con las matriarcas del clan y les regaló sus tierras porque prefería que se las quedasen gitanos antes que sus hermanos.
De eso nada se habló ayer en el juicio. La expropietaria relató que los chabolistas estuvieron establecidos en la última década «de forma consensuada y pacífica» aunque también aclaró que en el 2008, los entonces dueños, socios de Ipanema Productos Industriales, lograron una orden judicial para desalojarlos y derribar las viviendas unifamiliares existentes. No recuerda los nombres de los vecinos expulsados, algo que ha aprovechado la defensa para alegar que no están identificadas las personas contra las que se ejerció la demanda judicial, la cual tampoco se mostró.
Aquel desahucio fue promovido en el 2003, cuando compraron la finca, por el juzgado de Primera Instancia número 10 de Vigo. «Se echó fuera a los ocupantes, se derribaron las casas pero volvieron y no se les dijo nada», dice. «Allí había viviendas unifamiliares que las ocuparon, se les echó, se intentó por la vía penal y luego por la civil», dice. Cuenta que tras la demolición del 2008, en el 2009 volvieron las mismas familias a asentarse en dicho solar, donde siguen diez años después. Los dueños desistieron por «consenso» que iniciar otro pleito contra ellos. «No se hizo por la fuerza, las ocuparon por su cuenta y riesgo», dijo.
La expropietaria alega que no intervino en la venta a la multinacional Global Fitness porque ella nunca se enteró de que los otros dos socios vendieron las parcelas a sus espaldas. Un día paseaba por la zona y vio las máquinas excavadoras allanando el solar y una vecina le contó que ahora tenía nuevos dueños. Dichos terrenos miden 25.000 metros cuadrados, de los que 18.000 son edificables. Estaba dividida en subunidades y contaba con un proyecto de urbanización pero la sociedad anterior no celebró una junta de accionistas para acordar la venta.
La defensa de la multinacional dice que no han transcurrido 30 años de ocupación ininterrumpida pues las primeras noticias de la ocupación se refieren al 2001. Las defensas piden que actúen los servicios sociales porque hay menores en situación de vulnerabilidad.