Piden cárcel para un funcionario de Vigo sobornado con servicios sexuales

El otro acusado, empresario, le habría pagado dos citas con prostitutas


vigo / la voz

La operación Patos infló un globo policial de tal magnitud que al hacer un balance judicial a día de hoy genera como mínimo perplejidad por la gran cantidad de organismos públicos relacionados con la trama y que acabaron absueltos. Pero aquella gran investigación sigue dando coletazos en forma de piezas separadas. De dos, ayer, se conocieron los escritos de la Fiscalía, en los se pide penas de cárcel inferiores a los dos años. El Ministerio público, en el primero, pide un año de cárcel para un funcionario del Ayuntamiento de Vigo acusado de aceptar como soborno los servicios sexuales de dos prostitutas, que supuestamente abonó el empresario Enrique Alonso Pais, considerado el cerebro de la operación Patos, para quien se pidió nueve meses. La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que el funcionario, entonces jefe del área de Servicios Generales (Fomento) del Ayuntamiento de Vigo, mantuvo relaciones sexuales con dos prostitutas en junio de 2013 y febrero de 2014, en el primer caso en un motel.

Ambas citas, sostiene la acusación de la Fiscalía, fueron concertadas y abonadas por Enrique Alonso Pais «en atención al cargo que desempeña en la administración municipal» el funcionario. Los hechos son calificados como constitutivos de un delito continuado de soborno por el que, además de la pena de cárcel, pide para el funcionario la suspensión de empleo y cargo público durante tres años, y al empresario, la inhabilitación especial para toda actividad relacionada con la construcción o contratación pública. Así consta en el escrito de acusación trasladado al Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que ha decretado la apertura de juicio oral contra estos dos acusados, al igual que en la otra pieza separada en la que desgajó la causa de la Operación Patos, la relacionada con la Asociación Cultural Pedra Moura de Coruxo. En este caso, la Fiscalía pide un año de cárcel para Enrique Alonso Pais, dueño de la constructora Eiriña, igual que para un funcionario de la Diputación de Pontevedra.

La Fiscalía entiende que se cometió un delito de falsedad en documento mercantil en la elaboración de sendos presupuestos de acompañamiento para la concesión de una subvención, por parte de la Diputación de Pontevedra durante el mandato de Rafael Louzán, de unas obras en la Asociación Cultural Pedra Moura. En la pieza principal de la Operación Patos, que dirime supuestas irregularidades en concursos de diferentes administraciones públicas gallegas, llegaron a estar investigadas más de treinta personas, entre ellas un nutrido grupo de cargos políticos. Esa cifra inicial fue rebajada por la jueza instructora a trece personas, entre quienes figura el expresidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial Rafael Louzán. En un auto de septiembre de 2017, la jueza decretó el sobreseimiento de las investigaciones relativas al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y sus concejales David Regades, Ángel Rivas e Isaura Abelairas; el expresidente del PP local y exvicepresidente de la Diputación José Manuel Figueroa, y la exdelegada de la Xunta en Vigo María José Bravo Bosch. En otra de las piezas separadas en las que se desgajó la causa, el Juzgado de Instrucción 7 decretó la apertura de juicio oral contra el exconcejal de Nigrán José A.V., y el empresario Vicente C.P., por un delito de tráfico de influencias en la concesión de varias obras.

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