Llegó el mandato en el que se deberá limitar el tráfico

La ley de cambio climático obligará a los municipios a reducir las emisiones en cuatro años

Tráfico en una de las entradas de A Coruña
Tráfico en una de las entradas de A Coruña

Redacción / La Voz

En la mayoría de las ciudades gallegas, salvo excepciones, el problema de la contaminación ya no es debido a la industria, sino al tráfico. Hay entornos urbanos con grandes áreas peatonales que, de alguna forma, se han convertido en santuarios a salvo de los coches, pero eso no quiere decir que se haya solucionado el problema, sino que, simplemente, se ha trasladado a otros sitios. Mari Luz Macho, subdirectora xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, encargada junto a su equipo de evaluar la calidad del aire en los principales puntos calientes de Galicia, constata que en la comunidad no se dan los problemas de contaminación que sufren, por ejemplo, los habitantes de Madrid, donde ya se han empezado a imponer restricciones. «No tenemos ese problema porque influye decisivamente la cantidad de tráfico y las condiciones meteorológicas», dice, refiriéndose a las ciudades gallegas con más coches (A Coruña y Vigo), que, al encontrarse en la costa, se benefician de una mayor dispersión de las partículas contaminantes. La lluvia, por supuesto, también influye, pues deposita estos elementos en el suelo.

Esta experta de la Consellería de Medio Ambiente constata que ni siquiera en el 2017, un año con una sequía muy prolongada, se activaron las alertas por este tipo de polución. Pero esto no significa que las Administraciones (en este caso las municipales) deban echarse a dormir. Mari Luz Macho constata que es el único tipo de contaminación que ha subido en los últimos años, mientras que las emisiones de industrias como la térmica o la papelera se han reducido considerablemente.

«Es necesario que haya una reducción de estas emisiones -afirma Mari Luz Macho-, no solo por las consecuencias sobre la salud, sino por los gases de efecto invernadero; habrá que hacerlo con campañas de concienciación más que con medidas de prohibición».

Hay concellos más sensibles que otros a este problema, pero en breve todos deberán ceñirse a lo que marcará la futura ley de cambio climático, cuyo anteproyecto entró en el Congreso en la recién terminada legislatura y, sin duda, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez retomará cuando se abra el nuevo período de sesiones. El anteproyecto ya no deja opción a elegir a los municipios, y prevé que los de más de 50.000 habitantes «fomenten la introducción en la planificación de ordenación urbana de medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad».

Medidas a poner en marcha

Este es un cambio que no dependerá de los alcaldes. Estarán obligados a cumplirlo, aunque no esá clara la capacidad de vigilancia del Estado y las autonomías para detectar a los que la incumplan. Lo que está claro es que los concellos más poblados deberán establecer zonas de bajas emisiones «no más tarde del 2023»; poner en marcha medidas «para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo»; aumentar el uso del transporte público, intentar electrificarlo o alimentarlo con combustibles como el biometano; y, finalmente, fomentar el uso del transporte eléctrico privado, incluyendo la instalación de puntos de recarga.

 

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