30 hosteleros de Vigo afrontan juicios por piratear el canal de la Champions

Jueces de la ciudad investigan a dueños de bares por una supuesta defraudación en el servicio de telecomunicaciones


vigo / la voz

Diversos juzgados de Vigo están tramitando sendas denuncias contra 30 hosteleros de la ciudad por piratear la señal del canal de fútbol de pago de fútbol para ofrecer a sus clientes la emisión ilícita de un partido de la Champions League en diciembre del 2018. Algunos tribunales de Vigo ya preparan los primeros juicios contra varios dueños de bares que serán procesados por el delito leve de defraudación de las telecomunicaciones. Dicha infracción castiga que el usuario se aproveche de un servicio de pago sin abonar las cuotas y usando medios clandestinos o instalando dispositivos adecuados para cometer el fraude, como sería un decodificador manipulado. El denunciante es el titular del partido, que es la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la cual tiene los derechos de emisión.

Los dos primeros juicios exprés se celebrarán en cuestión de dos meses porque los denunciados solo adeudan a la LPF menos de 400 euros, lo que constituye un delito leve. Si la cuantía fuese mayor es un delito y el juez tiene que organizar una investigación. Cada supuesto infractor será procesado por separado. Al no hacerse una única causa, se esperan decenas de juicios en Vigo por esta materia.

Los 30 propietarios de locales fueron pillados en una macrorredada de la Policía Nacional especializada en ciberdelincuencia y que afectó a toda España el 12 de diciembre del 2018. Los inspectores irrumpieron en los locales justo en el momento en que se emitía el partido de pago de la Champions League y la Europe League entre el Real Madrid y el CSKA y también el Valencia contra el Manchester United.

La redada partió de una denuncia de la LFP. Los policías comprobaron en cada bar o cafetería si el decodificador de la señal había sido manipulado o vitaminado. Los agentes levantaron casi 90 actas en la provincia de Pontevedra, más de cien en Galicia y 2.000 en España. Los juzgados de Cangas y Tui llevan también expedientes contra hosteleros de O Morrazo y O Rosal.

En el caso de los denunciados vigueses, varios tribunales de instrucción se han repartido entre ellos la treintena de asuntos. Les están llegando dos o tres expedientes a cada juez de media. Por ejemplo, la sala de Instrucción número 4 de Vigo prevé celebrar dos juicios por delito leve en un plazo de dos meses, dentro de la media habitual. Los dos hosteleros vigueses denunciados tendrán que comparecer en la sala en la fecha en la que sean citados para declarar ante el juez y dar su versión. El representante de la LPF será convocado a la misma sesión para mostrar sus pruebas acusatorias. El denunciado no necesita llevar abogado y se puede defender a sí mismo.

En estos juicios exprés, el juez no hace ninguna instrucción porque al tratarse de un delito leve todo el proceso es más directo y no requiere investigación, solo oír en sala al denunciante y el denunciado y decidir sobre lo que solicite la Fiscalía.

En otros juzgados, no habrá juicios exprés sino que los jueces tendrán que abrir una investigación porque la cuantía defraudada es superior a los 400 euros. Algunos jueces barajan acumular las denuncias que le están llegando y otros ya inician los primeros trámites para citar a declarar a los implicados.

Los primeros expedientes y atestados ya están llegando a los distintos juzgados de instrucción de Vigo. Los magistrados deben valorar cada caso por separado y decidir si la cuantía defraudada es inferior a 400 euros, por lo que programaría un juicio por un delito leve (la antigua falta), o bien mayor a dicha cifra, y entonces se abriría una investigación, se llamaría a declarar a los implicados para oír su versión y la Fiscalía tendría que elaborar un escrito de calificación del delito. El asunto sería juzgado en un tribunal de lo penal.

En el caso de la defraudación en las telecomunicaciones, los hosteleros condenados por delitos leves afrontan multas de uno a tres meses y les generará antecedentes penales. En el delito (superior a 400 euros) la ley prevé multa de tres a doce meses.

La LPF envió durante días a detectives camuflados a localizar bares con emisiones pirata.

Los infractores usaban un decodificador «vitaminado» y afrontan multas

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