El juez confirma una multa de 45.000 euros al Concello por el mal estado del alumbrado

Un informe advertía en 2014 de la gravedad de la situación


vigo / la voz

Una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Vigo ha confirmado la multa de 45.000 euros que la Xunta impuso al Concello por la falta de certificados oficiales que acreditasen el cumplimiento de las condiciones de seguridad en la mayor parte de las instalaciones eléctricas del alumbrado público de la ciudad.

El fallo expresa que no se trata de una mera formalidad incumplida, sino de «un latente peligro derivado de las deficiencias que presentaban algunos de los elementos». El magistrado estudió informes aportados a la causa, entre ellos uno del año 2014 del jefe de servicio de la concesionaria Imesapi que urgía a tomar medias por «la gravedad del estado de las instalaciones». Cifraba en más de 12 millones de euros la inversión necesaria para corregir la situación.

Aquel informe señalaba que de los 762 centros de mando existente, 318 no disponen de proteccón contra contactos indirectos y que el aislamiento de sus circuitos resulta insuficiente, «con lo que existía la posibilidad de disparos intempestivos de las protecciones». Añadía que los centros de mando eran antiguos y obsoletos y que, en la mayoría de los casos, precisaban su sustitución integral.

El portavoz de Marea, Rubén Pérez, critica que, pese a estas advertencias, no se ha acometido ninguna inversión. «Hace años que a mi hija le prohíbo tocar las farolas y no es alarmismo», dice. «De los nueve millones de lámparas led de las luces de Navidad, no pondríamos ni una sola sin garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas en la calle», añade.

El alcalde, Abel Caballero, considera que «el alumbrado público de Vigo no tiene ninguna deficiencia. Otra cosa es que me proponga incrementar la luminosidad de la ciudad, que es muy importante. Mi vocación será seguir mejorando la iluminación».

La empresa Sielvigo, que participó en la licitación del contrato de mantenimiento de las instalaciones, puso la denuncia en 2016.

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