Ocho asociaciones de cannabis sobreviven en Vigo tras años de presión policial y judicial

J.R. VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

XOAN CARLOS GIL

Se les autoriza el autocultivo para consumo propio, su gran problema es el transporte: son detenidos

18 mar 2019 . Actualizado a las 16:28 h.

El debate lleva décadas sobre la mesa: legalización o penalización. A la falta de respuestas claras, y de forma paralela en los últimos diez años ha crecido en España un movimiento organizado que se reparte en asociaciones con nombres de lo más peculiar. El resultado, en Vigo, genera un mapa con al menos ocho colectivos que gestionan sus cultivos de marihuana para repartirlos entre la masa social. Constan en un registro de la Subdelegación del Gobierno (es igual en todas las provincias) y están autorizados para plantar con uso recreativo. El gran problema es que carecen de permiso para transportarla, situación que implica acabar en el banquillo de los acusados por un delito contra la salud pública. El último caso se dio esta semana en Vigo durante un control rutinario de la Unidad de Intervención Policial (UIP). El resultado, ambientando el interior del vehículo, fueron unas 25 plantas de marihuana aún de tamaño pequeño.

En la comisaría tienen claro, por el origen, destino y otras pruebas y gestiones hechas, que los ejemplares decomisados acabarían en el mostrador de alguna asociación de la ciudad. «Es su gran talón de Aquiles, por lo menos de las que trabajan según la normativa y figuran en el registro», explican en la Policía Nacional antes de reconocer que no son pocos los responsables de estos locales que tiran piedras contra su propio tejado: «En el 2017 entramos en tres asociaciones de Vigo, hoy sigue activa una. En otra, que llevaba muy poco abierta, encontramos un completo catálogo de marihuana y hachís, y eso, aunque esté registrado y tenga su propia masa social, no puede ser. Es un delito de tráfico de drogas de manual a no ser que me diga que fabrica él mismo el chocolate pakistaní». El operativo conjunto contra los tres clubes implicó diez arrestos y fue dirigido por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra.

Inicio

Todo empezó en el 2013 con una instrucción de la Fiscalía General del Estado firmada por su entonces máximo representante, Eduardo Torres-Dulce. El escrito ponía en alerta a toda la carrera, en el conjunto de España, para diferenciar entre las asociaciones que se ajustan a la Ley Orgánica del Derecho de Asociación (Loda). «El ámbito de la Loda está limitado a las asociaciones sin fin de lucro. Los órganos administrativos encargados de la gestión de los diferentes registros que reciben solicitudes de inscripción de asociaciones han de dar traslado al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente de la documentación presentada al efecto, en los supuestos en que aprecien indicios de ilicitud penal en la constitución o en la propia actividad de la asociación».

El guante, en el conjunto de la provincia, lo recogió la Fiscalía Antidroga, pero el resultado de las actuaciones policiales, en forma de resolución judicial, no ha sido siempre el mismo. La causa contra una de las tres asociaciones intervenidas en febrero del 2017 acabó archivada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Redondela, que entendió que el delito no aparecía debidamente justificado en las actuaciones. En otros casos, ya en Pontevedra, sí hubo condenas en primera instancia y se ha recurrido al Tribunal Supremo. Lo explica Javier Puig, presidente de la federación gallega de estos colectivos, a su vez integrada en la Confederación Española de Asociaciones Cannábicas (ConFac): «Nosotros no transportábamos, cultivábamos en el local. Por eso entendemos y queremos salir absueltos. En Barcelona acaba de salir una sentencia por el decomiso de un kilo de marihuana hace cinco años, el acusado llevaba un documento firmado aclarando qué transportaba y por ese protocolo acabó absuelto. En el caso de nuestra asociación, ahora apelamos al Tribunal Supremo una condena de tres meses de cárcel».

Aplicar la legislación

Puig pone sobre la mesa las conclusiones que obtiene de su paso por los tribunales. «Al final depende del juzgado y de la zona, las sentencias están siendo diferentes. Eso evidencia que no existe un criterio unificado. Un magistrado del Supremo me decía que ellos no legislan, aplican las leyes, y siente que los políticos les coloquen la pelota a su tejado para no dar la cara por regular el cultivo y consumo asociativo y a la vez penarlo». Otra voz autorizada, al presidir una de las asociaciones en activo de Vigo, expone que todo está saliendo bien por ahora: «Llevamos tres años abiertos y no tuvimos problemas», explica desde Barcelona, en donde visita Spannabis 2019, la feria de referencia del sector cannábico a nivel mundial que se celebra estos días. «Estamos contentos con la evolución y queremos que siga así. Lo que tengo claro, también como dueño de una tienda de cultivo, es que esto ya no tiene vuelta atrás. Cada vez hay más gente, hasta señores de 80 años, posiblemente los más reaccionarios con todo el tema, que entran en la tienda para conseguir algo que alivie el cáncer de sus mujeres».

En la comisaría tienen claro, por el origen, destino y otras pruebas y gestiones hechas, que los ejemplares decomisados acabarían en el mostrador de alguna asociación de la ciudad. «Es su gran talón de Aquiles, por lo menos de las que trabajan según la normativa y figuran en el registro», explican en la Policía Nacional antes de reconocer que no son pocos los responsables de estos locales que tiran piedras contra su propio tejado: «En el 2017 entramos en tres asociaciones de Vigo, hoy sigue activa una. En otra, que llevaba muy poco abierta, encontramos un completo catálogo de marihuana y hachís, y eso, aunque esté registrado y tenga su propia masa social, no puede ser. Es un delito de tráfico de drogas de manual a no ser que me diga que fabrica él mismo el chocolate pakistaní». El operativo conjunto contra los tres clubes implicó diez arrestos y fue dirigido por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra.

Inicio

Todo empezó en el 2013 con una instrucción de la Fiscalía General del Estado firmada por su entonces máximo representante, Eduardo Torres-Dulce. El escrito ponía en alerta a toda la carrera, en el conjunto de España, para diferenciar entre las asociaciones que se ajustan a la Ley Orgánica del Derecho de Asociación (Loda). «El ámbito de la Loda está limitado a las asociaciones sin fin de lucro. Los órganos administrativos encargados de la gestión de los diferentes registros que reciben solicitudes de inscripción de asociaciones han de dar traslado al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente de la documentación presentada al efecto, en los supuestos en que aprecien indicios de ilicitud penal en la constitución o en la propia actividad de la asociación».

El guante, en el conjunto de la provincia, lo recogió la Fiscalía Antidroga, pero el resultado de las actuaciones policiales, en forma de resolución judicial, no ha sido siempre el mismo. La causa contra una de las tres asociaciones intervenidas en febrero del 2017 acabó archivada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Redondela, que entendió que el delito no aparecía debidamente justificado en las actuaciones. En otros casos, ya en Pontevedra, sí hubo condenas en primera instancia y se ha recurrido al Tribunal Supremo. Lo explica Javier Puig, presidente de la federación gallega de estos colectivos, a su vez integrada en la Confederación Española de Asociaciones Cannábicas (ConFac): «Nosotros no transportábamos, cultivábamos en el local. Por eso entendemos y queremos salir absueltos. En Barcelona acaba de salir una sentencia por el decomiso de un kilo de marihuana hace cinco años, pero al llevar ese protocolo acabó absuelto. En el caso de nuestra asociación, ahora apelamos al Tribunal Supremo por una condena de tres meses de cárcel».