El fiscal acusa a un matrimonio de ceder su casa a su hija y separarse para eludir el embargo de su casa y la devolución de una indemnización a una aseguradora
15 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Un matrimonio de O Porriño se enfrenta a pena de cárcel por divorciarse por conveniencia y donar sus bienes a su hija a cambio de cuidados. La separación y el legado tenían como objetivo hacer trampa para salvar el patrimonio familiar y eludir una deuda que les reclamaba una aseguradora para que ni siquiera pudiese tomar el dinero de los bienes gananciales de la pareja. La Fiscalía cree que el divorcio estaba amañado y acusa a los tres familiares de un delito de alzamiento de bienes porque cree que ocultaron su fortuna con diversas zancadillas para que la compañía no pudiese recuperar su deuda ni el juzgado pudiese embargarles nada que estuviese a su nombre.
El juicio se iba a celebrar ayer en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo pero se aplazó hasta nueva fecha.
Los hechos se remontan al 2006 y 2007. El padre de familia ganó un juicio y retiró 375.000 euros de la cuenta de consignaciones del juzgado. La aseguradora había puesto ese dinero a disposición del tribunal a la espera de que hubiese una sentencia firme pues la habían recurrido. También tuvo que abonar otros 21.800 euros en intereses y el acusado los retiró igualmente.
Cual sería su sorpresa cuando a finales del 2007, la Audiencia revocó la sentencia contra la aseguradora, luego confirmada por el Supremo en el 2009. El acusado se vio con que, de repente, pasados casi tres años, tenía que devolver casi 400.000 euros que ya había sacado de la cuenta judicial.
La Fiscalía cree que el padre de familia urdió una trama para burlar el pago haciendo creer a la aseguradora que ya no tenía ningún dinero y que era pobre. Por un lado, él y su esposa cedieron meses después el 10 % de una finca a su hija a cambio de sus cuidados. Era el domicilio conyugal.
El siguiente paso, según la Fiscalía, fue pactar un divorcio de conveniencia en O Porriño para liquidar su sociedad de gananciales, de forma que la Justicia no pudiese embargar la parte de la esposa. En el convenio regulador del divorcio, pactaron que el marido cedía el 37,37 % de su vivienda conyugal a su mujer en compensación por una pensión de 63.000 que le iba a dar. Como la mujer ya tenía el 52 % y su hija el 10 %, el marido habría salvado con esta estrategia la vivienda de ser embargada por los juzgados.
Así fue, pues el tribunal decretó el embargo de la casa del deudor pero fue imposible llevarlo a cabo porque ahora la vivienda era de su exmujer e hija, que tenían el pleno dominio. Dicha finca valía 162.000 euros.
La Fiscalía acusa a los tres familiares de entorpecer la devolución del dinero a la aseguradora. Pide para cada uno 2 años y 9 meses de cárcel y multa de 6.000 euros.