Nueve de cada diez familias viguesas piden un piso social en alquiler por no poder comprarlo

La precariedad de los empleos y las dificultades para lograr un préstamo son los principales obstáculos


vigo / la voz

Residir en un piso de protección oficial se ha convertido casi en un lujo para cientos de familias viguesas. Si se trata de alquilarlo, la búsqueda resulta infructuosa debido a la falta de este tipo de viviendas. En la actualidad la Xunta está pendiente de construir una tanda en Navia, pero todavía se encuentra en la fase de trámites.

De la necesidad que hay da buena cuenta el registro de demandantes del Instituto Galego da Vivenda e Solo. En la actualidad hay 2.691 familias a la espera de poder alquilar un piso de protección oficial frente a solo 314 que quieren comprar, apenas un 11,67 %.

Las explicaciones a esta situación son muy variadas en función del ámbito del que provengan. Para el secretario general de Cáritas diocesana de Tui-Vigo, José Antonio García Coba, el hecho de que la lista para comprar una vivienda social sea tan limitada tiene que ver claramente con la falta de medios y la escasa capacidad para afrontar inversiones. «Los empleos son precarios, temporales, y las remuneraciones tan justitas que no dan para comprar ni para pagar un préstamo. Sería muy complicado», comenta.

Una explicación similar ofrece la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María Pérez. «Hay cantidad de empleos que no son estables y la gente no se arregla. Además, a algunas familias no les llega ni para vivir», apunta. Muchas de las familias que no tienen acceso a un alquiler social recurren a arrendar habitaciones por las que pagan en torno a 200 euros al mes, según constata la entidad vecinal. «Por la zona de La Pastora y, en general, Freixeiro, todos los días preguntan por pisos de alquiler, porque son más asequibles; pueden costar entre 300 y 450 euros al mes.

El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido, lo tiene claro: «Siempre defendí que el concepto de vivienda de protección tal como está definido tiene pocas posibilidades de triunfar en lo que se refiere a la venta. No va a aumentar de precio nunca y, a veces, incluso se vende por debajo del precio del módulo oficial», explica. A la hora de la financiación, el hecho de no aumentar de valor provoca que el análisis de riesgo sea más estricto.

Al contrario que la compra de vivienda de protección, a la que nunca auguró éxito, sí lo advierte en el alquiler de este tipo de pisos debido a una serie de circunstancias. «La escasez de obra nueva hace que los alquileres de la vivienda libre suban mucho y una parte de la población quiere ese alquiler de protección porque el valor está contenido», apunta Garrido. En su opinión, hay zonas de Vigo en las que se podría hacer vivienda libre a precio de módulo, es decir, al que obligan a vender cuando es de protección.

Cree que el empleo precario es un paso previo a dejar de serlo y convertirse en contratos indefinidos y que las viviendas de protección no garantizan las hipotecas.

En cuanto a la diferencia de precio entre construcción libre y protegida, estima que puede haber zonas, como es el caso de Teis, en las que la primera solo suponga entre un 10 y un 15 % más que la segunda.

El perfil del comprador de un piso sin protección oficial es el de una persona de entre 35 y 45 años, que vive en pareja, trabajan los dos y demandan tres dormitorios. Suele pedir una hipoteca de un 60 o 70 % del valor de la vivienda. «Es menos que en otros sitios, aquí hay más concepto de ahorro que en otras partes de España», advierte el presidente de Aproin.

Por ciudades, Vigo encabeza la lista de solicitudes de alquileres sociales con 2.691, seguida a mucha distancia de A Coruña (1.282), Pontevedra (651), Ferrol (490), Santiago (363), Lugo (311) y Ourense (164).

A nivel provincial la demanda de alquiler social es tan elevada que supera al de las otras tres provincias juntas. En concreto, en Pontevedra hay 4.035 familias, frente a 3.674, repartidas entre A Coruña (2.755), Lugo (543) y Ourense (376). Existe la posibilidad de alquilar con opción de compra, una oportunidad que solo cuenta con 684 adeptos en Vigo, pese a no suponer compromiso.

 

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