Solo dos políticos se sentarán desde el martes en el banquillo de la Orquesta
VIGO CIUDAD
El supuesto amaño de obras a cambio de mordidas es el centro de la investigación
09 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La operación Orquesta, que desató un terremoto político con la detención el 31 de enero del 2011 de los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos, llega el martes a su punto culminante, el inicio del juicio oral, en el que los únicos políticos que se sentarán en el banquillo de los acusados van a ser el alcalde de Cee, Ramón Vigo Sambade, y el que era su número 2, ahora alineado con el PP, Juan Bautista Areas Lestón. Las causas del resto de concellos, entre los que también estaba Corcubión, por supuesta corrupción política acabaron todas archivadas.
Junto a Vigo y Areas se sentarán en el banquillo los dos empresarios considerados cabecillas de la trama, un arquitecto y el agente de orquestas, al que la policía le pinchó el teléfono en una operación antidroga, dando así lugar a las escuchas que desataron esta causa y también le pusieron nombre. El resto de imputados de Cee, entre los que había funcionarios y la actual teniente de alcalde, Pilar Iglesias, quedaron todos exonerados.
Los hechos principales que se juzgan son el supuesto cobro de mordidas por parte del alcalde y el entonces concejal de obras a cambio de adjudicarle obras a la empresa Daniel Ogando S. L., mediante el uso de procedimientos fraudulentos como primar criterios subjetivos o fraccionar contratos para poder dárselos a la citada constructora por el procedimiento negociado sin publicidad.
Además, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial deberán decidir si hubo falsedad documental en los manejos de Vigo con el agente de orquestas Jorge López, para conseguir una subvención de 30.000 euros de la Consellería de Cultura para las fiestas de la Xunqueira, que finalmente el Concello cobró en el 2010 después de presentar las facturas confeccionadas a medida por López y que, según la Fiscalía, son manifiestamente falsas.
El alcalde tendrá que responder también por la retirada de dos multas interpuestas por la Guardia Civil de Muxía a un conocido suyo el 19 de agosto del 2010, que implicaban la retirada de 10 puntos del carné. Le pidió a un agente de la Policía Local que se las llevase y, supuestamente, no se tramitaron. De hecho, las encontraron los agentes de la Policía Nacional cuando registraron el Concello.
Por todos esos asuntos, el más señalado es Vigo, para quien la Fiscalía pide un máximo de 20 años de prisión, además de media docena de inhabilitaciones. La falsedad documental de la subvención de Cultura le puede costar cinco años, la falsedad documental continuada de las fiestas, otros seis; el cohecho pasivo continuado por recibir dinero de los Ogando, seis más, y la infidelidad en la custodia de documentos de las multas, 3. Además le piden multas e inhabilitación por prevaricación y por exacciones ilegales.
Los 29.000 euros en mano de parte de Ogando son la acusación más comprometedora
Lo más comprometedor y llamativo, siempre según el relato que hace la Fiscalía, porque Vigo hasta el momento no ha declarado al respecto, es como en una fecha próxima al 12 de agosto del 2010 habría recibido de mano de Daniel Ogando de la Sierra -y con conocimiento del padre de este, Daniel Ogando Ogando, que fue quien retiró el dinero del banco- 29.000 euros en efectivo, supuestamente a cambio de los manejos que hacía el alcalde para que esta empresa de Muxía se quedase con los contratos públicos.
Idéntica acusación es la que pesa contra Juan Bautista Areas Lestón, quien el 28 de agosto del 2009, a consecuencia de que los Ogando se llevasen la obra de sustitución del césped del campo de fútbol, con un importe de más de 300.000 euros, recibió presuntamente, también en mano y en efectivo, 12.000 euros de los citados empresarios. Ambos están imputados por, entre otros, dos delitos de cohecho activo, por los que se enfrentan a siete años y medio de cárcel, mientras a Areas le piden un año y seis meses.