En Vigo se evalúan más de mil propuestas de internamiento e incapacidad al año

Psiquiatras del Álvaro Cunqueiro exploran al «rayacoches» por orden judicial


VIGO / LA VOZ

Los médicos y psiquiatras del Hospital Álvaro Cunqueiro realizarán pruebas al vecino de O Calvario de 80 años conocido como el rayacoches o el señor de los palillos, para evaluar su estado mental. Es una de las más de mil evaluaciones que los jueces ordenan al año en Vigo. El hombre está en libertad pero ingresó de forma involuntaria y urgente en el Hospital Álvaro Cunqueiro para ser evaluado psiquiátricamente, a petición de la Fiscalía.

La tesis de algunos juristas es que el vándalo reincidente, a diferencia de los delincuentes comunes, no saca beneficio de sus tropelías. El hacer daño por hacer daño parece «retorcido». Sospechan que «muy bien no está». Fuentes policiales ven malicia pero creen que rayar 1.200 coches delata que «algo que no va bien». Pero hay que esperar a lo que digan los psiquiatras. Esta es la segunda vez que el Ministerio Público quiere internar al rayacoches. En la primera, salió pronto de la institución psiquiátrica porque no tenía trastornos. Además, el anciano paga las multas por daños. El viernes estuvo a punto de firmar una conformidad en un juicio penal, que fue aplazado para esperar por el informe.

La magistrada leerá la valoración psiquiátrica a partir de mañana. Puede que, como la otra vez, le den el alta. Si lo recomiendan, la jueza autorizará el internamiento. La Fiscalía, paralelamente, estudia con servicios sociales su ingreso en un geriátrico.

Expedientes como estos llegan a diario a los despachos de los tres jueces de Familia de Vigo. Precisamente, la magistrada Paz Filgueira atendió al rayacoches cuando terminó su ronda de visitas a residencias de Vigo y su área para comprobar si los ancianos ingresados estaban allí por su voluntad y si padecían alguna incapacidad mental.

Los magistrados deben evaluar más de mil propuestas al año para internar a pacientes, ingresarlos en una residencia o declarar su incapacidad. A pesar de que los funcionarios judiciales estuvieron de huelga durante tres meses el año pasado, el número de este tipo de expedientes siguió por encima de 1.110 casos. Hubo 631 asuntos de internamientos, 253 de declaración de incapacidades y 226 de ingresos en residencias. Suponen un 3,5 % menos que en el 2017 y un descenso del 10,2 % en el 2016.

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