Los implicados pasarán hoy a disposición judicial en la capital gallega
17 ene 2019 . Actualizado a las 13:32 h.El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago se dispone esta mañana a interrogar a los dos detenidos por su implicación en la supuesta trama de Hacienda en Vigo. Se trata del inspectro Asdrúbal Casares, que presta servicio en Vigo y que fue hasta el 2012 jefe territorial de Galicia en A Coruña y en la actualidad se dedicba a examinar las cuentas de las grandes empresas de la ciudad. El otro arrestado es Francisco González Pino, un empresario inmobiliario e inversor que administra desde el 2011 la asesoría fiscal Aserco en el centro de la ciudad olívica. Según la investigación, los implicados estaban compinchados: el inspector proponía elevadas multas y la asesoría las quitaba.
También deberá declarar como testigo otra inspectora. El caso generó una gran conmoción entre la abogacía de Vigo.
El caso Redcom
Uno de los empresarios que dice haberse sentido presionado por la trama de Hacienda de Vigo es Manuel Ferreira, de Redcom. Según comentan fuentes de su entorno, este emprendedor de las telecomunicaciones de Vigo sufrió una investigación penal en el 2006 (de la que fue absuelto).
Según su versión, la trama le presionó y atosigó a lo largo del procedimiento penal, desde la Instrucción a la apelación, para que entrase por el aro como otros empresarios pero él no cedió y fue a juicio hasta el final en el que salió absuelto.
Su queja es que desde el 2006 sufrió un atosigamienton de la red del inspector de Hacienda investigado que le supuso la pérdida de un contrato con Vodafone, el despido de 300 trabajadores y el fin de un proyecto para crear una megaoperadora virtual en Galicia.
Los delitos
La brigada UCO de la Guardia Civil les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios. La operación, circunscrita solo al ámbito de Galicia, sigue abierta bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. La denuncia partió de la Agencia Tributaria, que la presentó en la Fiscalía.
Según las investigaciones, el funcionamiento de la trama implicaría que el contacto en Hacienda haría propuestas de regulación tributaria a empresas y les sugeriría que contratasen al asesor fiscal compinchado, tras lo cual la sanción se eliminaba o reducía. La duda es si el inspector exageraba la cuantía de la multa para asustar al contribuyente y luego este quedaba satisfecho con el despacho porque le reducía la tarifa.
En ambos casos, habría una actitud ilícita, siendo en uno más grave ya que sobrepasaba la relación entre funcionario y particular y perjudicaba al Tesoro, al perdonar una multa justificada, lo que podría ser prevaricación. El Servicio de Auditoría interna analizará todos los expedientes sospechosos que haya firmado el inspector detenido, al menos desde el 2012, cuando regresó a Vigo, y que derivó a la consultoría cómplice.
