Un estudio de la Universidad de Vigo y la Red Localis revela las carencias en la contratación pública
15 ene 2019 . Actualizado a las 16:42 h.El 32 % de los ayuntamientos de Galicia no ha adoptado ninguna medida contra la corrupción en la contratación pública, según una encuesta impulsada por la Universidad de Vigo a la que han respondido 57 de los 313 concellos de Galicia. El estudio ha sido elaborado por la Red Localis, que es una red local sobre administración pública municipal gallega.
Los autores del trabajo han sido la secretaria de la junta de Gobierno de Vigo, Concepción Campos y el profesor de la Universidad de Santiago José Caamaño, con el apoyo logístico y material del grupo de investigación GEN de la Universidad de Vigo, que encabeza el profesor de Economía Alberto vaquero.
El trabajo analiza la nueva ley de Contratación Pública 9 /2017 y aborda las dificultades para implantar el nuevo modelo en el mundo local y las propuestas de mejora. La ley reduce las cantidades para contratar directamente sin concurso público, entre otros extremos. Concepción Campos ha advertido que la nueva norma solo permite presentar propuestas para los concursos por vía electrónica por lo que es posible que muchos contratos que no se hacen telemáticamente sean anulados.«Por ahora se han presentado cinco recursos en Galicia pidiendo la anulación por este motivo», ha señalado Campos.
La nueva Ley de Contratación de Servicios Públicos que está vigente desde el pasado marzo introduce por primera vez un precepto de lucha contra la corrupción y prevención d ellos conflictos de intereses. Impone expresamente a los ayuntamientos tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción. También hace hincapié en prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación. José Caamaño, uno d ellos autores, señala que «no somos ángeles y el riesgo de corrupción es inherente por eso hay que adoptar medidas para prevenirlo». Entre estas medidas están, según el informe nuevas y mayores funciones a los secretarios e interventores a los que se exigen y más informes y la creación de un nuevo órgano de control, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.