Rebelión de los vendedores ambulantes contra el descontrol del mercadillo de Samil

María Jesús Fuente Decimavilla
maría jesús fuente VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

Oscar Vázquez

Denuncian que hay 122 puestos marcados en el suelo y los ocupan solo 30 personas que no pagan impuestos

09 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

No piden ni más ni menos que los mismos derechos y deberes en todos los mercadillos, lo que incluye acabar con el descontrol del situado en la playa de Samil. La reclamación parte de la Asociación de Mercaderes Ambulantes de Vigo, en la que se integran vendedores que trabajan en la ciudad y en el resto de mercadillos del área metropolitana.

Desde el 2016 vienen denunciando la situación y solicitando sin éxito al Concello de Vigo que regularice la venta en Samil. «No entendemos por qué no lo hace, igual que en Bouzas y Coia, donde ahora funciona de maravilla, sin problemas, todos nos llevamos muy bien», comenta la persona que actúa como portavoz. Prefieren no dar nombres, «porque esto es un campo de minas y si pones el pie en un sitio, nos pueden quitar el otro», comentan.

Denuncian que en el mercadillo de Samil «no hay ley ni orden y se ejerce la venta ambulante de forma anárquica y discriminatoria. Los 122 puestos marcados en el suelo están ocupados por 30 personas y no dejan entrar a otras». Por si esto fuera poco, dicen, no existe ningún control por parte del Ayuntamiento, ni se exige el pago de la cuota de autónomos, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Bouzas, donde un equipo de seguridad o la Policía Local se encarga de que se cumplan las normas. Creen que se pasan fotocopias de las tarjetas unos a otros al no comprobarse si se corresponden con el DNI de los que en teoría ejercen la actividad.

«Nosotros cumplimos todos los requisitos y no podemos ejercer la venta, y otras personas que están cometiendo ilegalidades sí pueden. Eso no se entiende. Pagamos 1.200 euros por la actividad económica de 96 días al año, además de autónomos y seguro de responsabilidad civil. No puede ser», insisten. Tienen claro que tal como funciona en la actualidad el mercadillo de Samil es como si se hubieran apropiado del suelo y estuviera reservado exclusivamente para unas personas sin posibilidad de abrirse al resto.

Según la asociación, al finalizar el verano algunos de los vendedores se van y dejan los puestos a otros allegados hasta que regresan y los vuelven a ocupar, como si tuvieran derecho a reservarlos de un verano para otro. Piden que lo mismo que hizo en Bouzas y Coia, el Concello abra un plazo para que entreguen la documentación los interesados y haga un sorteo entre los que, finalmente, cumplan los requisitos.

«Este verano estuvo a punto de estallar el conflicto, porque hay malestar y discusiones con frecuencia. Al final, se templó la cosa, pero cualquier día pasa algo. Es mejor no esperar a que ocurra para poner orden», apunta otro de los afectados. Rechazan cualquier tipo de acusación racista, «porque entre nosotros hay gente de diferentes países y razas».

El periplo de los vendedores para denunciar la situación comenzó en julio del 2016. En esa fecha solicitaron que se regulase Samil. Ante la falta de respuesta, los miembros de la asociación abordaron el tema en una asamblea. Hace un año volvieron a reclamar la regularización del mercadillo y lograron mantener una entrevista con el concejal del área de Comercio, Ángel Rivas. «Entonces nos dijo que se iba a regularizar toda la venta ambulante en Vigo, sin excepción, incluido el mercadillo de San Cosme y Samil», destaca la portavoz, quien añade que les hicieron creer que en julio cambiaría la situación. En vista de que llegado el verano todo seguía igual, en agosto volvieron a insistir en su petición, cursada por el registro municipal. Solicitaron entrevistas con los responsables municipales, que aún no han tenido lugar por falta de respuesta.

«Bouzas y Coia están fenomenal, se desmantelaron las desigualdades y se hizo un buen trabajo, pero ahora el Concello debe aplicar criterios de transparencia sin privilegios ni discriminaciones, cumpliendo la ordenanza municipal vigente», concluyen los denunciantes.