La falta de pisos obliga a 12 familias desahuciadas a marcharse de Vigo

El traslado a pequeños municipios dificulta todavía más la búsqueda de empleo


Vigo / la voz

La falta de viviendas para alquiler social con cuotas más bajas que la oferta libre ha obligado a una docena de familias a marcharse de Vigo tras ser desahuciadas. Desde el 2016, la Xunta de Galicia adjudicó doce pisos en concellos de la provincia a otras tantas familias en situación de extrema necesidad. A veces coinciden varias circunstancias, como desahucios y el hecho de haber sido víctimas de violencia de género. En todos los casos fueron adjudicaciones directas, con intervención de los servicios sociales municipales, que tienen que emitir un informe previo para que se realice la adjudicación.

Entre los municipios a los que han tenido que trasladarse las familias figuran Salvaterra de Miño, Moaña, Salceda de Caselas, A Cañiza, Vilagarcía y A Guarda, según constata la Plataforma Antidesahucios (PAH). También hay pisos en Cambados y Vila de Cruces. El principal problema al que se enfrentan estas personas, la mayoría mujeres con hijos menores a su cargo, es al desarraigo. Con el cambio de domicilio se ven obligadas a abandonar su entorno y a trasladar a sus hijos de colegio. A esto se suma la menor posibilidad de encontrar trabajo al trasladarse siempre a concellos más pequeños y, lógicamente, con menos oportunidades.

Le sucedió a Merchi Pérez, vecina de Vigo que tuvo que mudarse a Moaña, donde la Xunta logró gestionarle un piso de alquiler social en el que apenas pagaba 70 euros. Pese a lo agradecida que se sintió por no quedarse en la calle, la vida se le complicó. Tenía que ir y venir de O Morrazo a Vigo, con el gasto que eso suponía. Con el tiempo ha conseguido volver a la ciudad y poco a poco va recuperando la dignidad hecha trizas con el desahucio. Mientras, Xunta y Concello se culpan mutuamente de la falta de vivienda social. La primera achaca al Ayuntamiento que Vigo no forme parte del programa de viviendas vacías como otros concellos gallegos. Lo habitual es que pongan a su disposición una serie de pisos y que el Gobierno gallego colabore en la gestión para que el precio de los alquileres sea simbólico.

El Concello decidió en su día no adherirse al programa, de ahí que las familias desahuciadas en la ciudad no tengan posibilidad de quedarse. El Ayuntamiento, por su parte, traslada la responsabilidad a la Xunta y le pide que construya vivienda social. También reconoce ciertos retrasos en las tramitaciones por la necesidad de tener que comprobar la situación real de las familias. Salió a la luz, recientemente, la existencia de tres viviendas municipales que, en principio, iban a ser destinadas a mujeres víctimas de violencia de género. Tras desvelarse hace años su ubicación, permanecieron vacías y finalmente se decidió habilitarlas para familias en riesgo económica extrema. Para colectivos sociales como la Plataforma Antidesahucios, Os Ninguéns y la Red de Solidaridad Popular, no es normal que se hayan mantenido vacíos los pisos durante tanto tiempo mientras se permitía que la gente tuviera que desplazarse a otras localidades.

Los mismos agentes sociales tampoco ven con buenos ojos que las administraciones actúen siempre en el último momento, cuando las familias están a punto de quedarse en la calle y han pasado un tiempo desesperadas. Solicitan que se dé a conocer a través de una lista el número y ubicación de las viviendas vacías, tanto en Vigo como en otras localidades.

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