Un matrimonio de Vigo rescata 153.000 euros que metió en subordinadas tras alegar que eran unos inexpertos

El tribunal ve detrás un «cúmulo de desinformación» que condujo a error a los clientes al ignorar que podían perder su capital


vigo / la voz

La Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dado la razón a un matrimonio vigués que reclamó la nulidad del contrato y la devolución de 153.670 euros que invirtieron en obligaciones subordinadas. La Audiencia ve probado que los afectados carecían de experiencia y daban órdenes de compra sin comprender el riesgo que corrían sus ahorros ni que podían perder su inversión, pues la misma dependía del azar de las operaciones de bolsa. Además, la sala ve un «cúmulo de desinformación» que revela un «vicio esencial del consentimiento» a la hora de suscribir el producto.

El pleito fue promovido por el bufete Asesority Abogados. Argumentó que los clientes cayeron en un error al firmar el contrato en el 2009 porque creían que estaban haciendo un depósito. En el 2010, metieron otros 50.000 euros, contrato que ya fue anulado, lo mismo que otro de 150.000. En el 2012 empezó a haber problemas, cuando el banco les envió la información fiscal que revelaba que el valor de su inversión ya había caído un 25 %. No fue hasta el 2016 cuando los clientes comprendieron su error y acudieron a reclamar antes de que los bonos venciesen en el 2019.

El primer juez que estudió el caso, el titular de Primera Instancia número 14, ahora especializado en abusos bancarios, estimó en el 2017 la demanda del matrimonio contra el Banco Popular y declaró nula su suscripción de obligaciones subordinadas que contrataron.

La entidad financiera apeló ante la Audiencia. Sostiene que la pareja no cometió un error de consentimiento al firmar la suscripción sino que, en realidad, eran avezados inversores que vieron frustradas sus expectativas económicas al perder dinero. El banco insistió en que no era responsable de la pérdida de titularidad de las obligaciones subordinadas porque fue una decisión adoptada por imperativo legal. Dijo que no tenía responsabilidad porque la decisión de amortizar las subordinadas vino impuesta por la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB cuando el Banco Santander compró al Popular por un euro. La sala replica que la responsabilidad sigue siendo del banco por haber ofrecido ese producto a sus clientes.

El banco alegó, además, que la orden de compra no decía nada de que fuese un depósito y que informaba de que los bonos habían sido suscritos «a un precio máximo a la par». El tribunal tacha esa frase de «carácter meramente rituario y formalista» pues no alerta de los riesgos ni de las características.

La entidad también alegó que los clientes habían suscrito otros productos similares pero, según la sala, eso «no conlleva que tuvieran experiencia inversora pues son minoristas, no profesionales, no tienen los conocimientos necesarios».

Hubo un «cúmulo de desinformación» pues los clientes no sabían que podían perder su capital

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Un matrimonio de Vigo rescata 153.000 euros que metió en subordinadas tras alegar que eran unos inexpertos