Acampados denuncian a Servizos Sociais por omisión de socorro de los sintecho
VIGO CIUDAD
Activistas de la Praza do Rei dicen que acogieron desde febrero a 1.300 usuarios sin cama en el albergue
13 dic 2018 . Actualizado a las 09:35 h.Los acampados contra la pobreza en la Praza do Rei calculan que han acogido desde el 21 de febrero a 1.300 usuarios del albergue municipal de Marqués de Valterra que no fueron admitidos por la noche por falta de camas. Los activistas dieron a los indigentes sin plaza durante estos diez meses un bocadillo, sitio en sus tiendas, una manta y un saco de dormir si no lo tenían. El pasado martes, acudieron al albergue y encontraron a cinco o seis transeúntes que no tenían plaza y los subieron a la acampada. Sufragan los gastos con donativos que recaudan en su caja de la plaza. «Hace unos días, un trabajador recibió una cesta navideña de su fábrica y nos la regaló a nosotros porque dijo que los indigentes la necesitaban más que él», comentó ayer el activista Juan Miguel Carollo al salir del juzgado tras presentar un recurso de reforma.
En los últimos meses, los acampados intentan que el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo admita a trámite la denuncia contra Servizos Sociais del Concello, la Policía Local de Vigo y el albergue municipal por un supuesto delito de omisión de socorro de los indigentes sin plaza abocados a dormir en la calle. Critican que el albergue Dignidad de la calle Toledo siga cerrado desde julio por un retraso burocrático.
El juez archivó el 15 de noviembre la primera denuncia y los activistas presentaron ayer el recurso de reforma para dar nuevos argumentos. Inicialmente, el juez fundamentó su negativa en un auto en el que dice que «no dormir en el albergue no puede ser considerado un riesgo merecedor de reproche penal». Los acampados replican que la motivación del magistrado les deja indefensos porque no aporta los razonamientos concretos para saber por qué el instructor no ve indicios suficientes de delito.
A mayores, el activista Juan Miguel Carollo replicó ayer que le han dado un giro a su argumento ante los tribunales. La idea es hacer entender a las autoridades judiciales que el hecho de permitir que un excluido social vague por la calle por la noche podría implicar un riesgo para la seguridad pública porque dicha persona no está recibiendo tratamiento. «Si no ven el riesgo para el indigente, quizás lo vean para el resto de los ciudadanos», dice.