Una maltratada al borde del desahucio

e. v. pita VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

M.Moralejo

Con tres hijos, uno discapacitado, tiene el bono social de la Xunta. El Concello dice que ya la está atendiendo

12 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Próximo caso de desalojo de una mujer que ha caído en la trampa de la pobreza en Vigo. La Xunta le da un bono social para alquilar un piso, pero nadie le alquila porque no tiene nómina ni empleo. Es la pescadilla burocrática que se muerde la cola.

Aicha E.F. tiene una orden de alejamiento de su expareja y es una víctima de violencia machista que reside en Teis y que tiene a su cargo a tres hijos menores (de 11, 10 y 7 años), uno discapacitado. Pesa sobre ella una orden de desalojo de su piso alquilado para el próximo martes, día 18, por impago de la renta desde hace un año. Así lo denunció ayer la presidenta de la Federación Veciñal Eduardo Chao, María Pérez, en una rueda de prensa que celebró en la Praza do Rei junto al PP y Marea. Reprochan a los servicios sociales municipales que no hayan enviado de oficio ningún informe social al juzgado para frenar el desalojo. «No encuentro piso, estoy buscando y no me dan ni trabajo ni piso», dijo ayer Aicha.

La concejala de Asuntos Sociais, Isaura Abelairas, dio ayer su versión sobre la usuaria de este servicio municipal. Criticó la «irresponsabilidade tan grande» de la Federación Vecinal y de los partidos PP y Marea de hacer una rueda de prensa «sen saber absolutamente nada e dando información confidencial». Añadió que el programa municipal de Infancia e Familia atiende a numerosos hogares de forma integral a través de ayudas económicas, de emergencia, de apoyo pedagógico y social. Abelairas aseguró que la mujer fue «perfectamente» atendida por los servicios sociales desde el 2003 y tiene un bono Rehabita y el bono Reconduce (para pagar la vivienda) que concede la Xunta a través de los informes del Concello. Asegura que la familia es atendida por una trabajadora social de Vigo y que la Consellería de Política Social le dijo a la trabajadora social que el informe social debe requerirlo al Concello primero a través del juzgado y así se lo transmitió a la abogada.

«A exclusión social está recoñecida porque os nosos informes chegan á Xunta e danlle bonos, e as nosas axudas para comprar mobiliario e comprar alimentos, e axudas extraordinarias», afirma. Criticó a los partidos por «mentir e por mala fe» al no haber investigado sobre este caso.