Prosigue el desahucio cuya paralización se atribuyeron todas las administraciones

Elisabeth Gómez recibió ayer la notificación, veinte días después de que un juzgado de Vigo la suspendiera


vigo / la voz

Cuando ya creía que su situación iba camino de solucionarse, ayer Elisabeth Gómez recibió la peor noticia que se podía imaginar: la notificación de desahucio para el día 10 de diciembre. Si de nuevo no se remedia, ese día se verá con sus tres hijos menores en la calle. No es la primera vez que le llega el aviso de lanzamiento. El anterior fue paralizado por el juzgado de primera instancia número 13 de Vigo el pasado día 6. Curiosamente en aquel momento varias instituciones se atribuyeron la suspensión del desahucio, que, a juzgar por el resultado, no ha surtido mucho efecto.

La valedora do pobo, Milagros Otero, aseguró que su intervención había sido en tiempo récord y que gracias a eso se paralizó el desalojo. Sus gestiones consistieron en remitir una solicitud urgente a los servicios jurídicos de la inmobiliaria Divarian. Esta se comprometió a suspender excepcionalmente el lanzamiento y a colaborar con las administraciones para buscar una solución.

La Xunta indicó que la paralización se debió a la solicitud cursada por la Dirección Xeral de Inclusión Social ante el juzgado.

Por si esto fuera poco, el gobierno municipal, a través de su portavoz Carlos López Font, explicó que la afectada había sido atendida por una trabajadora social y que se le había concedido una ayuda de emergencia para diversos fines.

Veinte días después de todos estos trámites, Elisabeth Gómez está desesperada al no contar con que el plazo fuera tan corto. En este tiempo la única oferta que ha tenido es un piso de la Xunta en Vila de Cruces. La mujer se trasladó a ver el que podría ser su nuevo hogar y volvió desolada. «Es un piso en una zona en la que hubo una mina, apartado del pueblo, y no tengo coche para trasladarme, será muy difícil encontrar allí trabajo y nos podemos morir de hambre», comentaba al regreso desilusionada. En la actualidad está a la espera de poder ver otro piso en Cambados. La Xunta aguada a que la entidad financiera, titular del inmueble, fije una fecha para poderlo enseñar una vez que concluyan unas pequeñas reformas. En caso de aceptarlo, se pondría a su disposición.

La mujer cobra una ayuda social de 432 euros, con la que se ve incapaz de pagar un alquiler de precio libre. Le gustaría quedarse en Vigo por las mayores posibilidades de encontrar trabajo, pero el Concello no le ha ofrecido ninguna vivienda y reconoce que su situación no es como para escoger.

El Concello tiene pisos para casos de necesidad, destinados antes a las víctimas de violencia

Un acuerdo del consello de la Gerencia Municipal de Urbanismo del 10 de mayo aprobó que los pisos dedicados en el 2016 a las víctimas de violencia de género a través de la Concejalía de Igualdade pasen a destinarse a personas con necesidades. «Ante a demanda de ocupación de ditas vivendas por persoas interesadas con necesidades económicas que as fan merecedoras das mesmas, esta Xerencia solicitou a avocación da competencia depositada no seu día nesa concellería con fin de adxudicar dende este organismo as catro vivendas de referencia».

Tres de esas viviendas fueron cedidas al Concello en el 2012 por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda) para destinar preferentemente a casos de especial necesidad. Ahora, el instituto se dirigirá al Concello para que le informe de cuál es la situación de esas viviendas, ya que aunque en la actualidad la titularidad le corresponde a la administración local, tiene interés por conocer la ocupación que han tenido desde el 2012.

La falta de viviendas con alquiler social en Vigo ha obligado en el mejor de los casos a las familias desahuciadas a desplazarse a otros municipios más pequeños, que tienen concierto con la Xunta para viviendas vacías y pagan una cantidad simbólica. Las consecuencias no son otras que el desarraigo y las menores posibilidades laborales. La mayoría de las familias desahuciadas tienen hijos menores, lo que les obliga a cambiar de colegio a veces en pleno curso. Otras veces tienen un pequeño empleo para completar la ayuda social y se ven obligadas a dejarlo para trasladarse de localidad.

Una circunstancia bastante habitual es que las mujeres desahuciadas que viven solas con sus hijos hayan sufrido malos tratos, pero muchas no lo pueden acreditar, con lo cual no pueden acceder a viviendas destinadas a violencia de género.

En un año se registraron en Vigo 151 desahucios por no poder pagar el alquiler de pisos y 358 en total, contabilizando los producidos en viviendas y negocios tanto arrendados como comprados.

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