Los juicios de falsos autónomos en el sector comercial de Vigo se disparan

Algunos bufetes defienden hasta cuatro pleitos a la vez para regularizar cotizaciones


VIGO / LA VOZ

La proliferación de aplicaciones de Internet, como Uber, Delivery o Glovo, que ponen en contacto a clientes y prestadores de servicios ha reavivado el debate sobre la figura del falso autónomo. Los despachos de abogados de Vigo presentan en los tribunales de lo social desde hace un lustro un goteo creciente de demandas de falsos autónomos. Algunos bufetes defienden hasta cuatro casos a la vez. Hace solo diez días una jueza de lo penal dictó la última sentencia contra la mayor trama de fraude fiscal de Galicia, dirigida por el jefe de la carpintería Las 5 jotas. Abrió cuentas bancarias a nombre de medio centenar de sus falsos autónomos.

Entre los sectores que más acuden a los bufetes de Vigo ahora están los falsos representantes de comercio, trabajadores que venden por cuenta de otros trabajadores, lo que es una relación laboral, según los laboralistas.

También se dan pleitos promovidos por autónomos contratados por empresas públicas y que, a juicio de los letrados, son trabajadores por cuenta ajena. Como no les pueden contratar porque tienen limitaciones por parte del Ministerio de Hacienda, hacen contratos mercantiles que «enmascaran la realidad», según indica el laboralista y organizador de las Xornadas de Outono de derecho laboral de Xustiza e Sociedade, Matías Movilla.

Aunque el falso autónomo no fue objeto de estas jornadas, el especialista indicó que hay tres millones de autónomos en España (un 15 % de la población activa) pero la cifra real de casos de fraude en Vigo «es imposible de saber», ya que operan en la sombra. En la provincia de Pontevedra rondan los 67.000 autónomos contabilizados. La Inspección de Trabajo ha hecho aflorar miles de falsos autónomos en las cárnicas y obligado a darlos de alta.

Movilla explicó que con el falso autónomo «se enmascara la relación laboral» mediante un contrato mercantil que, en definitiva, cumple los requisitos del trabajador por cuenta ajena porque hay voluntariedad, retribución, y sobre todo ajenidad y dependencia. «Depende de las instrucciones del jefe y los frutos del trabajo no son para él, se transfieren a la empresa», afirma.

Recuerda que el falso autónomo es una pérdida para la Seguridad Social. «Si un trabajador gana mil euros, la Seguridad Social ingresa 300 pero la misma persona cotiza solo 50 si es un nuevo autónomo», dice Movilla. «Es un tema que está cada vez más en boga y se reclama más. En los últimos años de la crisis, la proliferación de casos de los falsos autónomos ha sido tremenda. Eso le ahorra al empresario un montón de costes», añade.

Repartidores con «app»

Otro debate judicial, del que no constan casos en Vigo, gira en torno a la figura del repartidor de las plataformas de Internet que hacen los recados que le encomienda una aplicación. Movilla indica que los tribunales estudian si los repartidores de Glovo, por ejemplo, son falsos autónomos. Solo una sentencia en Valencia proclama que es autónomo «pero los informes de la Inspección de Trabajo y el resto de sentencias dicen que son trabajadores de cuenta ajena porque dependen de la plataforma».

El laboralista cree que la clave es saber a quién pertenecen los medios de producción, que «no son la bici ni el móvil sino la plataforma, que es la que contacta con el cliente, le cobra, establece el precio de lo que se va a servir, ya sea comida u otra cosa. Hay una orden directa al repartidor para que acuda a recoger una cosa en un horario y lugar dentro del ámbito de jornada que el autónomo elige», dice.

En las charlas, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Javier Aparicio, debatió sobre el derecho de la ciudadanía a la Seguridad Social. «Dio la visión de cómo el sistema público es sostenible y que es falso ese mantra que se repite siempre a finales de año de que los jóvenes deben ahorrar para sus planes de pensión. Es mentira, el sistema público se puede mantener con los ingresos de los impuestos y hay una garantía constitucional para los trabajadores del futuro», dice.

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