Xunta, Concello y Valedora se adjudican el mérito de evitar que se quede en la calle
07 nov 2018 . Actualizado a las 12:54 h.La situación de la madre con tres hijos menores bajo amenaza de desahucio se ha convertido en un caso mediático en el que las diferentes instituciones implicadas pugnan por colgarse la medalla de la solución. El juzgado de primera instancia número 13 de Vigo acordó ayer la suspensión del lanzamiento. La Valedora do Pobo, Milagros Otero, destacó en un comunicado que su intervención «en tiempo récord» fue lo que permitió paralizar el desalojo. Realizó una solicitud de urgencia a los servicios jurídicos de la inmobiliaria Divarian que obtuvo una respuesta inmediata. «En menos dunha hora a valedora do pobo obtivo o compromiso de Divarian de suspender excepcionalmente o lanzamento de colaborar coas administracións na busca dunha solución habitacional alternativa», destacó.
En cambio, para la Xunta, la suspensión fue posible gracias a la solicitud realizada ante el juzgado por parte de la Dirección Xeral de Inclusión Social, según transmitió a través de un portavoz.
Mientras tanto, el portavoz del gobierno municipal, Carlos López Font, informó de que una trabajadora social atendió a la afectada y el Concello ha decidido asignarle una ayuda de emergencia para distintos fines. También le ha ofrecido otra colaboración económica para pagar el alquiler del piso que tendrá que encargarse de buscar ella misma para que no se quede en la calle.
Solo después de hacerse pública la dramática situación de Elisabeth Gómez, las diferentes administraciones reaccionaron con agilidad, pero lo cierto es que la mujer continúa al borde de quedarse en la calle. Lo único que ha conseguido hasta ahora es un aplazamiento de la orden de desahucio.
Si en el plazo de 15 días no consigue desalojar la vivienda de la calle Aragón y encontrar un lugar estable donde vivir con sus ingresos de 432 euros de una ayuda social, tendría que marcharse a la fuerza y verse abocada a dormir en albergues o a vivir una situación de exclusión social.
Para que esta situación no se llegue a producir, la Plataforma Antidesahucios de Vigo demanda una solución estable y no temporal para esta y otras familias sin recursos que tienen grandes dificultades para afrontar los pagos de los alquileres ni de las hipotecas con los precios del mercado inmobiliario.
Este colectivo dio a conocer la semana pasada la grave situación de la mujer con hijos menores a su cargo ante el riesgo inminente de la pérdida de su vivienda habitual. La familia debería de abandonar hoy la vivienda en la que residen desde hace dos años y medio.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo tuvo conocimiento del caso a raíz del último intento de desalojo, pero el fondo buitre realizaba gestiones para echar a la inquilina desde el pasado mes de junio. Al no disponer de pisos vacíos para el realojo en Vigo ni en sus inmediaciones, le ofrecieron una vivienda en Vila de Cruces, a 130 kilómetros de Vigo. Esta situación es frecuente porque el IGVS adjudicó de forma directa las 50 viviendas disponibles a afectados por ejecuciones hipotecarias, impago de alquileres, víctimas de violencia de género y familias en situación de extrema necesidad.
La Xunta destaca la falta de colaboración por parte del Concello de Vigo, al que han pedido que ponga a disposición de los necesitados las viviendas de su propiedad. También solicitó que se incorpore al Programa de Vivendas Baleiras.
«Tengo 15 días de aplazamiento y estoy buscando casa en O Porriño», dice Elisabeth Gómez
La madre con tres niños que logró frenar su desahucio se entrevistó ayer con una asistente social del Concello de Vigo. Salió de la reunión sin ninguna solución de alojamiento. «No me dijeron nada que me ayude de verdad. Solo tengo 15 días de aplazamiento y no nos han dado otra opción de vivienda», indicó ayer. Aunque el Concello se ofrece a pagarle un mes de alquiler, ella tiene que encontrar primero una vivienda, algo difícil. «Llamé a varios sitios para buscar alojamiento y ya estaban alquilados y me piden depósito y aval», cuenta. Ayer por la tarde tenía previsto seguir buscando alojamiento.
«Ando buscando casa, por la mañana y por la tarde, y no me están solucionando nada. El Concello solo me paga un mes y la Xunta quiere que vaya a una casa en Vilagarcía o en Vila de Cruces. Son sitios que están muy lejos del colegio de los niños», afirma.
Su búsqueda de piso se ha centrado en O Porriño porque los alquileres son más asequibles y porque podría enviar a los niños en autobús a su colegio de Vigo. «Busco por otros lados, me estoy moviendo, me voy a O Porriño a ver pisos», dice.
Una portavoz de la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Vigo, Carlota Pérez, mostraba el lunes su satisfacción y alivio porque el fondo de inversiones inmobiliarias Divarian (perteneciente al gigante Cerberus) hubiese aplazado el desalojo del piso que había comprado en un lote al BBVA. Cree que la irrupción en España de grandes fondos como Blackstone o Cerberus, «va a cambiar el panorama» para los hipotecados endeudados y ve mayor dificultades para negociar acuerdos.