El juzgado asume que no podrá organizar hasta el próximo año la vista contra el medio centenar de comerciantes acusados de vender ropa falsificada en sus puestos y tiendas
01 nov 2018 . Actualizado a las 17:35 h.Pasados cuatro años, aún no hay fecha para celebrar el macrojuicio de la operación Cuarzo que cerró el mercado de A Pedra el 15 de octubre del 2014. Casi medio centenar de comerciantes deberán sentarse en el banquillo acusados de vender ropa de marca falsificada. El Juzgado de lo Penal número 1 de Vigo se reunirá en breve con la Fiscalía para buscar una fecha para el próximo año.
Como mínimo, encontrarán huecos disponibles en la agenda a partir del 2019. En lo que queda de año, las posibilidades de colocar la vista en noviembre o diciembre son prácticamente imposibles si se tiene en cuenta que el último mes tiene muchos festivos y apenas es hábil para la Administración de la Justicia. No se podría colocar un juicio que requerirá varios días de celebración. Hasta 44 de ellos irán a juicio y se enfrentan a penas de más de 2 años de cárcel.
La única posibilidad para celebrar el macrojuicio este mismo año es que los acusados aceptasen un pacto con la Fiscalía y las marcas denunciantes, lo que permitiría celebrar más rápido una vista por conformidad, la cual se podría despachar en una sola sesión. De momento, no hay visos de que vaya a saldarse un acuerdo, salvo en los casos en los que las penas sean muy bajas o que sustituyan la cárcel por multa. Al cabecilla no le interesa acumular condenas pues tiene una anterior y se arriesga a ir a prisión.
La redada del 2014 acabó con el mercado de A Pedra, que fue cerrado y precintado por orden judicial salvo en uno o dos puestos. Un informe oficial de Washington situó a los puestos de A Pedra en la lista negra mundial de los diez lugares donde se vendían prendas pirateadas bajo el amparo de la Administración, ya que el propio Concello alquilaba los locales a los sospechosos.
Un año después del precintado, la Audiencia permitió la reapertura a decenas de comerciantes pero pocos reiniciaron sus negocios. Actualmente, se nota la falta de actividad, muy alejada de los tiempos en los que el mercado era un atractivo turístico. Algunos vendedores esperan a que haya una sentencia judicial para apostar de nuevo por el mercado. Otros buscan fórmulas para reorientar sus negocios.
El último juicio contra varios comerciantes de A Pedra refundió tres redadas del 2006, 2007 y 2010. Fue la primera gran causa contra A Pedra y tardó hasta doce años en celebrarse e incluía la localización de almacenes secretos para ocultar la ropa. El asunto fue ventilado el pasado enero con un acuerdo por conformidad que multó a 26 comerciantes (de los 42 procesados) con 1.080 euros y la obligación de pagar las costas del juicio, que tocó a 280 euros por cabeza. Solo el cabecilla y otro implicado pidieron ir a juicio. Dos meses después, uno aceptó pagar una multa de 2.800 euros para librarse de la cárcel y otros 6.500 en otros conceptos.
El juzgado de lo Penal número 3 tiene pendiente de celebrar otro juicio contra A Pedra por la operación Tron del 2013 que halló una nave con decenas de miles de prendas falsas que, al parecer, despachaban por correo.
Los juzgados de Vigo acumulan casi 20.000 pleitos pendientes de resolver
Los juzgados de Vigo sumaban en junio 19.997 asuntos pendientes de resolver, según revelan las estadísticas del Poder Judicial. Solo los juzgados de Primera Instancia acumulaban 9.996 asuntos.
De estos, más de 4.000 litigios estancados son demandas presentadas por hipotecados de toda la provincia para que sus bancos les devuelvan los intereses que les cobraron de más por las cláusulas suelo, declaradas abusivas y anuladas por el tribunal de la UE. Los clientes tienen derecho a recuperar dichas cantidades pero siempre que vayan a juicio, para lo cual solo está dedicado un juez y dos de refuerzo.
A mayores, los tres juzgados de Familia sumaban otros 2.315 asuntos pendientes de despachar mientras que Violencia sobre la Mujer tiene 136 pleitos civiles en trámite.
Los ocho juzgados de Instrucción tienen pendientes 2.970 causas, Violencia sobre la Mujer otros 367 y los tribunales de lo Penal otros 295. A esto se suma otro atasco en lo Contencioso-Administrativo con 473 casos y los cinco juzgados de lo Social, con 3.445 litigios laborales en trámite.
El atasco ha aumentado en 5.000 asuntos respecto al 1 de julio del 2017. Una parte se explica por la avalancha de pleitos de claúsulas suelo, de las que solo se ha podido resolver una quinta parte, y otra parte se debe a los asuntos acumulados durante la huelga. Paradójicamente, la mayor avalancha saldrá a relucir en el tercer trimestre, porque muchos abogados esperaron a que terminase la huelga de funcionarios (de febrero a mayo) para enviar sus demandas.