Cuatro ediles del PSOE asistieron a la junta de gobierno que aprobó pagar su abogado
VIGO CIUDAD
Cargaron las facturas, que suman 63.000 euros, tras ser exonerados
15 oct 2018 . Actualizado a las 22:21 h.Los concejales Javier Pardo, Isaura Abelairas, Santos Héctor Rodríguez Díaz y Ángel Rivas asistieron el lunes 30 de agosto, a las 9.22 horas, a la reunión de la Junta de Gobierno Local. Forman parte de ella, igual que otros seis concejales del PSOE, de modo que su asistencia al órgano de gobierno del Ayuntamiento es habitual. Pero ese día la reunión era diferente, porque estaba previsto votar el pago de la defensa de estos cuatro ediles en casos de corrupción en los que habían sido investigados y que habían resultado sobreseídos.
Según el acta de la Junta de Gobierno Local de ese día, los cuatro asistieron a la reunión. El documento no recoge que nadie se ausentase durante la votación de los puntos 15 a 19, los cinco expedientes en los que se aprobaba un gasto total de 62.650,29 euros para pagar a los abogados y procuradores que contrataron Pardo, Abelairas, Rodríguez y Rivas para defenderse en los casos Patos, Hormigón, Enchufe y Pluses a Funcionarios. En la gestión política, es una práctica habitual que cuando hay una votación que concierne a los intereses particulares de alguno de sus protagonistas, este se ausente. Pero lo cierto es que no existe legislación respecto a este caso particular.
El acta de la Junta de Gobierno Local del 30 de agosto no recoge el sentido del voto de cada concejal, solo refleja que el acuerdo quedó aprobado.
En todo caso, la ley da derecho a los políticos que son investigados por su labor a que la institución pública para la que trabajan les abone los gastos en los que incurra para defenderse, siempre que el caso haya sido archivado y que no haya existido una desviación de poder. El Concello tiene incluso un protocolo para estos casos, que establece qué informes se necesitan para aprobar el pago. Los políticos pueden elegir libremente al abogado que quieran, al margen de los servicios jurídicos municipales.
En estos cuatro casos, el secretario general del Ayuntamiento, José Riesgo Boluda, emitió sendos informes en los que señalaba que los cuatro concejales tenían derecho al pago de la defensa y que el gasto era «acorde aos prezos de mercado». Riesgo también asistió a esa reunión de la Junta de Gobierno Local, igual que el interventor general, Alberto Escariz.
Esos «prezos de mercado» fueron 1.210 euros en el caso de Javier Pardo (investigado por el ascenso sin oposición y con pluses a un funcionario), 19.355 euros en el caso de Isaura Abelairas (imputada en la operación Patos y en el caso Hormigón), 26.960,29 euros en el caso de Santos Héctor Rodríguez Díaz (investigado en el presunto enchufe a la cuñada de Carmela Silva en una contrata municipal y en el caso Hormigón) y 15.125 en el caso de Ángel Rivas (imputado en el caso Hormigón).
Los cuatro concejales del PSOE siguieron el ejemplo de Xabier Alonso y Eudosio Álvarez, del BNG, y de José Manuel Figueroa, del PP. Estos tres también tuvieron que declarar como investigados en el caso Hormigón, que instruía el juzgado número 1 de Vigo, como responsables de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (obras sin presupuesto) cuando formaban parte del gobierno local.
La diferencia entre ellos y los cuatro del PSOE es que los dos ediles del BNG y el del PP ya no formaban parte del gobierno local cuando cargaron al Ayuntamiento la factura de su abogado. Para los cuatro del PSOE el pago lo aprobaron sus compañeros de gobierno en una reunión en la que ellos estaban presentes.
En Santiago pasaron de la condena a la absolución por el abono de la defensa
Lo que ocurrió en Santiago con un caso de corrupción muestra que el pago de la defensa letrada de cargos electos no es un tema sencillo. En mayo del 2013, siete concejales se reunieron en la Junta de Gobierno Local y aprobaron el pago del abogado de su compañero de gobierno Adrián Varela, imputado en la operación Pokémon. Fue una reunión de urgencia en la que no estaban ni el alcalde ni su número dos. A mitad de reunión pidieron un informe al secretario, que explicó en qué casos se puede cargar a un ayuntamiento la defensa letrada de un edil: que haya sido investigado por una actuación en el ejercicio de sus funciones, que el caso se haya archivado y que no existan abuso, exceso o desviación de poder ni convergencia con intereses particulares.
Los siete concejales fueron condenados a nueve años de inhabilitación por un juzgado de lo penal de Santiago por prevaricación administrativo. Sucedió en junio del 2014. Diez meses después, la Audiencia Provincial de A Coruña revocó el fallo. De modo que un juez consideró que los concejales habían delinquido y otro estableció que no por aprobar el pago del letrado.
En el caso del Concello de Vigo la situación es diferente, ya que la justicia ya ha exonerado a los cuatro ediles del PSOE de sus posibles responsabilidades penales. Además, solo meses después de la decisión de archivarse las causas los concejales reclamaron el pago de sus defensas. Desde esta solicitud hasta su aprobación se emitieron diferentes informes en el Concello para apuntalar la decisión de la Junta de Gobierno Local.