El Concello paga el abogado a cuatro ediles del gobierno que fueron investigados
VIGO CIUDAD
Al archivar el juez las causas en casos de corrupción, tienen derecho a cargar la factura
14 oct 2018 . Actualizado a las 09:28 h.El Ayuntamiento de Vigo sigue afrontando gastos por investigaciones judiciales por corrupción que han quedado en nada. El Concello acaba de aprobar el pago del abogado de cuatro concejales del gobierno local que fueron imputados en distintos casos. Javier Pardo, Isaura Abelairas, Santos Héctor Rodríguez y Ángel Rivas solicitaron al consistorio que se les abonasen los costes de su defensa después de ser exonerados, ya que tienen derecho a ello, y el gobierno lo aprobó. La factura de estos cuatro ediles asciende a 62.650,29 euros, según los expedientes a los que ha tenido acceso La Voz.
Es un desembolso que se suma a las facturas que en su día pasaron los exconcejales del BNG Xabier Alonso y Eudosio Álvarez, que gestionaron Deportes y Patrimonio Histórico en el primer gobierno de Caballero, y el concejal popular José Manuel Figueroa, fue investigado por su etapa como concejal de Urbanismo en el gobierno de Corina Porro, hace más de diez años.
Los cuatro del PSOE, los dos del BNG y el del PP tienen derecho a que el Concello sufrague el abogado. Los sucesivos informes que ha ido emitiendo el secretario municipal reflejan que los políticos que hayan sido absueltos tienen derecho a que el Ayuntamiento les compense los gastos de su defensa. Siempre que hayan sido investigados por su intervención como concejales, que no se haya producido desviación de poder y que la causa se archive, el político tiene derecho a que le paguen la defensa. Ni siquiera tiene la obligación de dejar que el Concello elija al abogado o de usar los servicios jurídicos municipales. En todos los casos, además, el secretario dice que las minutas «son acordes aos prezos de mercado».
Cada edil tiene su particularidad.
Javier Pardo. El segundo teniente de alcalde, con competencias en Personal, estuvo imputado en una causa contra el ascenso del funcionario Francisco Gutiérrez Orúe, con sus correspondientes pluses, sin oposición previa. Pagó a su abogado 1.210 euros para defenderse en la investigación del Juzgado de Instrucción número 4, y quedó exonerado.
Isaura Abelairas. La actual concejala de Política Social estuvo imputada en las operaciones Patos y Hormigón por su etapa como edila de Obras. En la Patos declaró como investigada por tráfico de influencias en el Juzgado de Instrucción número 7, aunque la causa se sobreseyó. Contrató a un abogado y procurador por 5.140 euros.
En el caso Hormigón, se la investigaba por prevaricación administrativa por promover cinco expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (obras sin un presupuesto). La causa también fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo. Los gastos de defensa se elevaron a 14.215 euros.
Suman 19.355 euros.
Santos Héctor Rodríguez Díaz. El concejal de Empleo y Sindicatos también estuvo imputado en dos causas, la del Hormigón y la del presunto enchufe de la cuñada de Carmela Silva. En la primera, se le investigaba por promover cinco expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito cuando gestionaba Participación Ciudadana. El juzgado de Instrucción número 1 archivó la causa, en cuya defensa invirtió 4.960 euros.
En el caso del presunto enchufe de Vanesa Falque en una contrata municipal, Santos Héctor tuvo que declarar varias veces en el Juzgado de Instrucción número 7. Su defensa costó 22.000,29 euros.
Santos Héctor Rodríguez cobrará del Concello 26.960,29 euros para afrontar el pago a Garrigues de su defensa.
Ángel Rivas. El concejal de Parques y Jardines motivó el caso Hormigón y se le imputó por aprobar desde la Junta de Gobierno Local la contratación de obras de humanización para las que después se compraba el hormigón a la empresa que él mismo dirigía, Hormigones Valle Miñor. El Juzgado de Instrucción número 1 no vio delito y archivó la causa, que había costado a Rivas 15.125 euros en abogado y procurador.
El precedente: Xabier Alonso y Eudosio Álvarez, del BNG, y José M. Figueroa, del PP
El primer concejal que pidió al Ayuntamiento de Vigo que le pagase los gastos de defensa por un caso de corrupción después de ser absuelto fue Xabier Alonso, del BNG. Lo hizo en el año 2017, cuando ya había abandonado la corporación. Alonso había sido imputado en el caso Hormigón por la construcción del pabellón en Barreiro, con un sobrecoste de 100.000 euros. Su abogado costó 2.420 euros.
La Voz lo publicó entonces y, meses después, Eudosio Álvarez, que milita en Compromiso por Galicia pero había sido concejal de Patrimonio Histórico con el BNG, hizo lo mismo. En el caso Hormigón se le imputó por obras en el Casco Vello, con sobrecostes de 330.000 euros. Su defensa costó 2.195 euros.
También cargó sus gastos de defensa José Manuel Figueroa, del PP, este año, por la misma operación contra la corrupción. Lo investigaron por la adjudicación de una isla de reciclaje en Barreiro vulnerando la libre competencia, competitividad e igualdad de méritos. Su abogado costó 2.420 euros.