La reforma legal de la incapacidad beneficiará a 300 vigueses al año

E. V. PITa VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

M.MORALEJO

Personas que no pueden gobernarse por sí mismas tendrán apoyo en sus decisiones

22 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Alrededor de 300 vigueses que son incapacitados cada año por los tribunales se verán beneficiados por una futura reforma legal de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. El Consejo de Ministros informó ayer en primera vuelta del anteproyecto de la ley que pretende desjudicializar las incapacitaciones, en especial la de personas con discapacidad intelectual.

En lo que va de año, las salas de familia de Vigo han recibido 268 demandas para solicitar la incapacitación judicial de personas con diversidad funcional que ya no podían valerse por sí mismas, ya fuese por demencia senil, por discapacidad intelectual o por un trastorno psíquico muy grave. El año pasado, en las mismas fechas, se solicitó incapacitar a 197 vecinos de Vigo. A mayores también se pidieron 256 internamientos en residencias de la tercera edad y casi 686 estancias en centros psiquiátricos. Este año, el Juzgado de Primera Instancia número 15 de Vigo asumió la tarea de visitar con un forense y el fiscal los casos más graves para evaluar si tenían capacidad de obrar o debían nombrarles un tutor para que administre sus bienes e intereses.

«La gente en Vigo es muy mayor o está en situaciones límite, o no es capaz de administrar su patrimonio. Hay que explorarlos, y hay que desplazarse a su domicilio si está encamado y no puede venir al juzgado», afirmaba recientemente el juez Daniel Tomás, que este año se encarga de las incapacidades en Vigo. Tiene pendientes cerca de un centenar de sentencias en ese área.

«La incapacidad, si hay datos médicos que lo avalen, no es difícil obtenerla pero debes tener seguridad de que sus bienes son correctamente administrados y no se haga cualquier cosa con ellos», relata la abogada Fina Barros, especialista en litigios de familia.

Los afectados son personas que no pueden obrar por sí mismos en asuntos legales, como por ejemplo, comprar o vender, firmar documentos o pedir subvenciones. Con la futura reforma, los jueces ya no tomarían tantas decisiones que afectan a las personas sin capacidad de obrar, sino que respetarían su voluntad y preferencias y, como regla general, decidirían por ellos mismos. Para ello tendrían apoyo como un acompañante, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.

También permitirá que el interesado pueda prever la futura necesidad de apoyo, lo que recogería en un testamento vital, y potenciará la guarda de hecho. Además, regula el papel del curador (toma decisiones sobre el patrimonio de su pupilo) y el defensor judicial y reserva la tutela a los mayores de edad que no estén protegidos por la patria potestad.

El cambio legal se inspira en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad firmada en Nueva York en el 2006, que proclama que estas personas pueden realizar acciones jurídicas en igualdad de condiciones que las demás, y conmina a los Estados a proporcionarles apoyos para impedir abusos y vulneración de sus derechos. La reforma dará especial respuesta a la discapacidad intelectual.

El Imelga «presta» una forense al juez para visitar a incapaces cada lunes de octubre

El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Vigo tuvo que adoptar este año un plan de choque, apoyado por el Imelga, para agilizar las sentencias de incapacidad. La idea es que dentro de una semana, desde el 1 de octubre, entre a prestar servicio una forense que dedicará los cinco lunes del mes a examinar incapaces para reducir el atasco. Actualmente, entran 33 nuevos procesos al mes en la ciudad.

El forense y el juez tienen que hablar con cada afectado para ver si procede incapacitarlo. Le hacen preguntas sencillas como si sabe decir su nombre y apellidos, edad o cuestiones económicas como cuánto vale un euro. El forense, a mayores, hace otras evaluaciones más técnicas.

«Hay una carga muy grande. Entraron todas las demandas de incapacidad durante los seis meses de reparto exclusivo, cada una que entra vino a esa sala», explicaba recientemente el juez Daniel Tomás. El problema es que para sacar adelante los asuntos de incapacidad hay que disponer de tiempo en una sala libre y contar con un forense, porque el juez y el médico tienen que hablar con los incapaces antes del juicio para evaluarlo.

El Imelga les buscará una forense para que venga cinco días en octubre para ver incapaces, tanto en residencias como en domicilios. La doctora hará una criba de los casos más agudos. En julio, la sala tenía más de cien incapacidades pendientes sin sentencia. En octubre, resolverán seis u ocho casos cada lunes, además de los juicios de la guardia. Una demanda del verano tendrá sentencia en febrero del 2019.