El drama de la viguesa que perdió la risga por un minisueldo cambia la ley

Sirvió a la valedora do pobo para iniciar la modificación de la ley


vigo / la voz

En mayo de este año, La Voz de Galicia contaba el drama de María T. S. «En su casa viven ella, sus tres hijos, un yerno y dos nietos. Siete en total. Hasta hace tres meses cobraban una renta de integración social (risga) de 650,8 euros. 97 por persona», resumía el texto, firmado por María Jesús Fuente. «Mi hijo y mi hija empezaron a trabajar en la ribera preparando pescado tres horas al día de martes a viernes. Ganaban cada uno 120 euros y pagaban 50 de autónomos, por lo que les quedaban 70. Entre los dos aportaban al hogar 140», relataba.

Esas aportaciones que tan bien les venían para redondear unos haberes tan escasos, desencadenaron la desdicha. La Xunta le comunicaba que le rescindía la risga al contar el hogar con ingresos. La familia pasó de 650,8 a 140 euros al mes. Encontrar un empleo se había convertido en una desgracia. «Mi hijo se dio de baja y dejó de trabajar, pero mi hija siguió algo más porque necesitaba justificar algún ingreso para que le dieran los papeles al marido. Después lo dejó también».

La mujer y toda la familia se quedaron sin nada. La información de La Voz dio pie a la oficina del Valedor do Pobo a abrir una queja de oficio ante la situación que el periódico recogía y que según aseguran, ya habían detectado en actuaciones previas desarrolladas por este órgano dependiente del Parlamento.

El caso es que aunque la investigación continúa para poder arreglar el caso concreto, gracias a la desgraciada situación de la vecina de Vigo, desde el Valedor do Pobo han logrado que se modifique la ley de inclusión social para evitar este tipo de situaciones, algo que permitirá cambiar la realidad de las familias en riesgo de exclusión social.

La valedora do pobo, Milagros Otero Parga, ya alertó en su informe al Parlamento de Galicia del año 2017 sobre el problema de la denegación de la renta de inclusión social cuando el solicitante conseguía un trabajo parcial poco remunerado, que no le sacaba de su situación de vulnerabilidad.

La Administración autonómica reconocía en estos casos que la risga era compatible con el trabajo con ingresos inferiores a la misma, que eran descontados. El mismo criterio no se venía aplicando en los casos de primer acceso a la risga debido a la regulación existente.

Ahora, la Consellería de Política Social acaba de aceptar las recomendaciones realizadas desde este organismo y garantizará por ley el cobro inicial y el mantenimiento de la renta cuando los ingresos de la unidad familiar sean menores que la cuantía que les corresponda en la prestación.

La Consellería de Política Social ya incluyó en el borrador del decreto de desarrollo de la Ley 10/2013 de inclusión social la posibilidad de percibir la risga a personas que obtengan ingresos derivados de su actividad laboral inferiores al importe de la renta. La consellería anunció además a la oficina de la defensora que va a tramitar esa disposición como una modificación legal, lo que permitirá acceder a la prestación a personas con empleos precarios o a tiempo parcial con ingresos también inferiores. La oficina del Valedor aplaude la positiva acogida de la recomendación.

El miedo

Mientras todo eso ocurría en los despachos, María T. S. seguía hundida en la miseria. Para salir del bache recurrió a organizaciones como Cáritas, a la iglesia de su parroquia y a su hermana residente en Madrid. Antón Bouzas, del colectivo Os Ninguéns, le echó una mano con los trámites para tratar de mejorar su situación. Os Ninguéns y otros colectivos sociales de la ciudad habían criticado en más de una ocasión que se retire la risga a las personas que residen en una misma vivienda en la que alguien percibe un sueldo. Por ese motivo algunos perceptores se vieron obligados a dejar de compartir piso con otras personas que estaban trabajando. María tenía el mismo miedo: tener que dejar de vivir con sus hijos si ellos volvían a encontrar trabajo.

Desde entonces han pasado 4 meses y las cosas han mejorado, pero no mucho. De hecho, algunas han empeorado. Aunque la mujer ha recuperado el cobro de la renta de integración social y en la casa ya solo están ella y sus dos hijos (la otra hija se fue a vivir a otra ciudad con su marido y sus dos hijos). María sigue debiendo atrasos de varios meses de alquiler y su casero la ha amenazado con denunciarla. Las personas que siguen preocupándose de su situación aseguran que su estado anímico es muy bajo. El fantasma del desahucio que se le puede venir encima acrecientan la angustia de una viguesa cuya situación económica sigue siendo muy precaria.

Desde el Valedor do Pobo informan de que, sobre el caso concreto de la familia afectada, la institución instó a la consellería competente a evitar la retirada íntegra de la risga y a desistir del reintegro de todos los «ingresos indebidos» a esta unidad familiar. «Estos aspectos aún están pendientes de aclarar en el marco de la investigación, que permanece abierta», indican.

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