El concejal de Seguridad asume la responsabilidad de dar el permiso para el concierto de O Marisquiño

El PP estima que Font hace de «chivo expiatorio» del alcalde

L.C. Llera
vigo / la voz

El concejal de Seguridad Ciudadana de Vigo, Carlos López Font, tardó 17 días en comparecer ante los medios de comunicación para dar su versión del accidente que causó heridas a 467 personas en el concierto de clausura de O Marisquiño. Ayer volvió a situarse delante de los medios de comunicación por segunda vez en 24 horas y con un objetivo reiterado en su alocución: exculpar al alcalde de cualquier responsabilidad en la concesión de licencias para el festival.

Ante la deriva política que ha tomado el siniestro y la evolución judicial que en paralelo pueda llegar a cobrar, López Font recalcó hasta en cinco ocasiones en cinco minutos que fue él quien dio el visto bueno a las dos citas más multitudinarias de todo O Marisquiño.

La asunción de responsabilidades por parte del edil de Seguridad se produjo una hora y media después de que la portavoz municipal del PP, Elena Muñoz, indicase que había sido Abel Caballero quien autorizó el «concierto sin haber comprobado los requisitos de seguridad».

«Una gran mentira»

«Ella ha cometido hoy la gran mentira con respecto a este tema: dice que la autorización fue firmada por el alcalde y esto es absolutamente falso. La autorización la firma el concejal de Seguridad por firma digital en este documento. Primero, porque es su competencia, y segundo, porque todas las autorizaciones las tiene que firmar el concejal de Seguridad», dijo López Font aludiéndose a sí mismo.

Para el también portavoz del gobierno socialista vigués, la involucración que Muñoz hace de Abel Caballero respecto a su supuesta responsabilidad legal en el accidente de O Marisquiño, se debe a «un intento, único y exclusivo de desgastar al alcalde». El concejal de Seguridad añadió en su autoidentificación como único responsable de la firma de las autorizaciones de los conciertos y las pruebas de descenso de bicicleta, que otorgó dichos visados el 2 de agosto, siete días antes del comienzo de las pruebas. Y también que esas concesiones se basaron en la «piedra angular» del plan de autoprotección que el festival tuvo que presentar para obtener permiso de actividad municipal. «Nosotros autorizamos lo que nos corresponde», concluyó el concejal socialista, para añadir que esos permisos fueron «impecables» y «dentro de la legalidad».

Antes de que compareciese ante los medios de comunicación Carlos López Font, la popular Elena Muñoz ya calificó el papel del concejal como de «chivo expiatorio» del alcalde. «Caballero se reclamaba como el protagonista y el centro de todas las fotos» de O Marisquiño, valoró la presidenta popular, «y ahora está escondido detrás de su concejal».

El PP insiste en afirmar que la licencia otorgada por el Ayuntamiento al festival urbano se firmó sin certificar el correcto estado de las instalaciones y que no cubría todos las pruebas y espectáculos. «Es un accidente grave, fruto de la irresponsabilidad del alcalde que autorizó un concierto sin haber comprobado los requisitos de seguridad», achacó Muñoz.

El accidente llega a Bruselas, tras recalar en el Congreso y en el Parlamento gallego

El siniestro que encogió el corazón de miles de vigueses en la noche del día 12, se convirtió ayer en asunto central de debate de la comisión permanente del Parlamento gallego. La diputada viguesa de En Marea, Alexandra Fernández, ha solicitado también llevar el análisis político de la catástrofe al Congreso de los Diputados, al solicitar la comparecencia del presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga. Y ayer Compromiso por Galicia dio un paso formal para tratar de que el Parlamento Europeo analice cómo se han utilizado los fondos comunitarios en la infraestructura que se desplomó. A través de su socios del PNV vasco, CxG planteará una moción a la Eurocámara para que lleve a cabo una investigación sobre si hubo una utilización correcta de los fondos de la UE en una obra que no ha sido inspeccionada desde su conclusión en los años noventa. Los galleguistas consideran «lamentable» el cruce de reproches entre el Gobierno local y el Puerto.

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