Es difícil de hacer entender a un peregrino que cuando llega a Vigo corre el riesgo de perder el sendero santo porque a la Administración local no acepta la sinaléctica diseñada por la Xunta para identificar los itinerarios del Camino.
Tampoco es sencillo comprender que Ayuntamiento y Xunta se peleen por ver cómo se debe promover la candidatura de las isla Cíes y/o el resto del archipiélago atlántico a la candidatura de Patrimonio de la Humanidad.
Y todavía es más patético asistir al combate de boxeo que Concello, Puerto y Xunta disputan desde el día 12 a cuenta del accidente de O Marisquiño para sacudirse responsabilidades y culpar al de enfrente.
La coordinación entre administraciones es el mínimo de calidad que se le debe de exigir a cualquier institución para justificar y mantener su existencia. ¿Cuántos muelles figurados como el de O Marisquiño están sin control, sin la certificación mínima de que cuando pasamos por encima podemos estar seguros de que no nos vamos a caer por las grietas de la política y de la estrategia electoral? ¿Cuántas negligencias salva la casualidad?
A cuenta del siniestro del festival urbano de Vigo se han empezado a hacer más exigentes algunas autorizaciones para eventos o llegado a impedir el paseo por zonas cuyo mal estado estaba tan denunciado como el de As Avenidas. Pero más allá de esa precaución repentina y que durará lo que dure el caso O Marisquiño, las instituciones, al menos en Vigo, están obligadas a resolver sus discrepancias, vía conflicto de competencias incluso, que sería más edificante que una pelea antigua y tragicómica.