Desahuciado tras 30 años sin pagar

Agostiño Fernández se negó a abonar la vivienda de protección oficial que le fue adjudicada en el barrio de Teis. Alega que lo hizo por los desperfectos que tenía


vigo / la voz

Hace unas semanas, Agostiño Fernández recibió una carta de desahucio. Se vio obligado a dejar el piso de protección oficial de la avenida de Galicia (Teis) en el que vivía con su mujer y sus dos hijos desde hacía treinta años. Durante todo ese tiempo, se negó a pagar en señal de protesta hasta que la Administración reparase los desperfectos que se ha encontró al resultar adjudicatario de la vivienda. Asegura haber recibido en torno a cuarenta cartas al año.

Su queja comenzó en 1987. Sostiene que la Administración no le dio más opción que la compra y que, además, no pudo visitar su nuevo hogar antes de firmar el documento. El afectado dice que cuando llegó a la vivienda percibió humedades y grietas. Interpuso entonces un recurso que, asegura, fue ignorado. «Luego me asignaron un abogado de oficio, pero decidí no continuar la lucha. Dejé de confiar en la justicia», señala Agostiño.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que ahora se hace cargo del piso, recalca que se adjudicaba en régimen de compraventa, pero con la posibilidad de alquilar si el beneficiario lo solicitaba. Desde el organismo subrayan que la Xunta busca siempre alternativas para hacer frente a los desahucios y destaca que no apreció dificultades económicas por parte del inquilino.

Un problema mayor

Los polémicos bloques de Teis sumaban 374 viviendas y dieron problemas desde el principio a los adjudicatarios. Los vecinos no se explicaban cómo unas construcciones nuevas tenían tantos desarreglos, como las filtraciones de agua cuando llovía. La gran mayoría decidieron optar por el impago indefinido y reclamar una vivienda digna. Se organizaron para exigir a la Administración una solución y llegaron a parar el tráfico de la calle en múltiples ocasiones. Xan Lamas, portavoz de la coordinadora creada inicialmente para tal fin, llegó a contactar con el reconocido arquitecto Desiderio Pernas. En el año 2009 la mayoría seguían sin pagar. Por aquel entonces la Xunta acordó con los adjudicatarios una rebaja del precio de los pisos que rondaba en torno al 40 %. El IGVS entendió que con este descuento podrían hacerse cargo de los desperfectos. Los propietarios explican que entonces se les perdonó la deuda contraída durante 21 años, aproximadamente. Algunos vecinos aún se preguntan por qué la Administración no asumió el coste de los desastres.

Okupas

Algunos okupas acabaron entrando en los pisos vacíos de la avenida de Galicia. Un matrimonio del bloque del desahuciado dice haberse visto obligado a ocuparlo por motivos económicos. Viven allí desde hace más de veinte años ya. Intentaron negociar con el IGVS para regularizar su situación. En el 2009 les advirtieron de que se iniciaba un proceso de desahucio y ahora temen recibir una nueva orden de desalojo.

El Instituto de Vivenda defiende que la Xunta de Galicia, antes de proceder a un desahucio, comprueba que existen medios suficientes para afrontar el pago de la deuda por parte de los afectados.

En el año 2010, los adjudicatarios consiguieron que se remodelase la fachada del edificio. Algunos criticaron la calidad de estos materiales, como es el caso de Agostiño. En la fotografía de la izquierda, cedida por Xan Lamas, por aquel entonces portavoz de la coordinadora, se muestra la fachada de uno de los bloques de protección oficial en el año 1987. El objetivo fue, entre otros, aislar el edificio frente a las humedades que se denunciaban.

«Fue un error por mi parte. Hoy, si pudiese, agotaría la vía legal»

Agostiño Fernández fue desahuciado por impago el pasado 4 de julio: «Quiero que la gente sepa que esto está pasando», señala. Él se define a sí mismo como un defensor de los derechos humanos. Estuvo treinta años sin pagar su vivienda como protesta y manifiesta que perdió la fe en el sistema. La vivienda de Teis le fue adjudicada en el año 1987, pero afirma que no vivió en ella hasta 1992. Esos cinco años, sostiene, los empleó en abanderar un movimiento social. Agostiño esgrime que en el 2009 la Administración no le ofreció la misma solución que al resto de los adjudicatarios de las viviendas: «En Pontevedra se nos mostró un documento que reflejaba una deuda de millones de euros y no lo firmé».

El IGVS, en su defensa, expone que esta familia no aceptó el acuerdo que también se le ofreció al resto de vecinos y que, además, no hicieron caso a ninguno de sus requerimientos.

«Mi mujer leyó la carta de lanzamiento. Llegué a casa y me la encontré llorando», dice. Sabía que se iba a producir el suceso desde hace meses, puesto que un notario ya le informó del asunto. Ya había encontrado su nuevo hogar, en el que reside actualmente. «Yo quería llegar al Tribunal de Estrasburgo», recuerda. Basaba su lucha en «una especie de desobediencia económica o civil». Quiso desentenderse de los posibles problemas judiciales. Achaca esta actitud a su juventud y escasa experiencia.

A pesar de admitir que tiene «ingresos dignos», no quiso continuar su lucha desde otra vivienda de alquiler. «Fue un error por mi parte. Si pudiese cambiar las cosas, agotaría la vía legal», apostilla. Transmite que los inspectores de vivienda le trasladaron que en breve reformarán el bajo en el que vivía. «Las peores arrugas son las del alma», sentencia el afectado sobre su particular caso.

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