La Fiscalía reprocha a Xunta y Concello el caos generado en su guerra del agua

La denuncia de Marea de Vigo se archiva aunque se afea a los políticos de ambas administraciones su irresponsabilidad


VIGO / LA VOZ

Tirón de orejas a dos manos de la Fiscalía de Vigo. Con la derecha, a la Xunta; con la izquierda, al Concello ¿El motivo? La enésima guerra política en la que ambas administraciones convirtieron la gestión, durante el pasado otoño, de la falta de agua en la ciudad y la presunta mala calidad con la que llegaba a los hogares. La llamada de atención se recoge en el escrito, firmado el 4 julio, que anuncia el archivo de la denuncia presentada por el grupo municipal Marea de Vigo el 22 de mayo señalando como máximo responsable de un presunto delito contra la salud pública al Ayuntamiento, personado en la figura del alcalde, Abel Caballero. Y es que En Marea acusaba abiertamente al equipo de gobierno, con la presunta complicidad de la concesionaria del agua, Aqualia, de manipular analíticas y ocultar informes negativos.

La respuesta de la Fiscalía fue tan directa en el fondo como sutil en la forma por lo susceptible de la situación. «Los métodos de análisis utilizados por todos ellos (en referencia a Xunta y Concello) se suponen homologados, por lo que el resultado habría de ser el mismo para la misma muestra. Por ello, lo lógico habría sido la toma de muestras conjuntas, de manera que lo analizado por unos y por otros fuera lo recogido en el mismo punto y en las mismas circunstancias, lo que indudablemente no se produjo». El lenguaje prudente de la Fiscalía, basado más en el sentido común que en el Código Penal, nada tiene que ver con el cruce vehemente de acusaciones que mantenían entonces ambas administraciones: el Concello defendía la calidad del agua en Vigo y la Xunta denunciaba su mala calidad de forma reiterada con analíticas propias, nunca del Concello, que según el Gobierno gallego las ocultaba.

Ambigüedad peligrosa

Lo que sí llamó siempre la atención en aquellos meses es que, pese a las acusaciones abiertas que la Xunta hacía sobre la mala calidad del agua por sus elevados niveles de contaminación, nunca llegó a prohibir su consumo mostrando públicamente dos analíticas seguidas y en la misma toma, que son los requisitos mínimos oficiales para determinar que el agua no es apta para el consumo. Sobre la falta de información contrastada, y no partidista, que llegaba a la población, la Fiscalía también tiene algo que decir: «Resulta muy deseable que la información facilitada a la población acerca de cualquier hecho, especialmente uno como el que nos ocupa, sea lo más objetivo posible».

La Fiscalía también deja claro, a la hora de valorar su decisión de archivar la denuncia de En Marea, que «una cosa son las irregularidades que pueden constituir una o varias infracciones administrativas, y otra muy distinta son las infracciones penales, los delitos». El escrito añade que el propio denunciante, Marea de Vigo, reconoce que la causa del problema en la calidad del agua fue la sequía, «no un acto imprudente del alcalde o del director general de la empresa concesionaria del agua». Cosa diferente «es la constatación de que existen analíticas del agua contradictorias, lo que deja dudas acerca de la comprobación de que el agua alcanzaba el nivel suficiente de calidad para ser apta para el consumo humano».

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