El PSOE rechaza crear una comisión de investigación sobre el auditorio

Marea de Vigo quiere que declare la exalcaldesa popular Corina Porro si hace falta

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vigo / la voz

Un sumidero de millones. El auditorio Mar de Vigo costó 87 y ahora va a costar al menos otros 35 más en indemnización, aunque esa cifra es pequeña comparada con los 140 que quería gastar Corina Porro, según recordaba ayer el portavoz del gobierno municipal, el socialista Carlos López Font. Esa situación ha llevado al líder de Marea de Vigo, Rubén Pérez, a solicitar una nueva comisión de investigación sobre el auditorio a cuenta de la liquidación de la concesionaria y la operación de rescate de esta infraestructura.

Pero el gobierno local se niega a investigar qué se ha hecho con el dinero porque, según el portavoz, ya hubo una comisión de investigación hace dos años que concluyó que el Concello no era culpable de la quiebra.

Rubén Pérez señaló ayer que la creación de comisiones de investigación es propia de «los gobiernos democráticos» y sugirió que en la misma comparezcan la exalcaldesa del PP Corina Porro, así como directivos de las empresas que conforman la ute, para que aclaren su responsabilidad en «este soterramiento de fondos públicos». Pérez señaló que cuando Caballero llegó a la alcaldía pudo haber sacado de nuevo a concurso el auditorio y llevar la concesión al juzgado si la consideraba onerosa. Sin embargo, optó por prolongar un modelo «opaco» de financiación y dar «un patadón para arriba» al ampliar la concesión y pagar el alquiler «más caro posible» para instalar allí las aulas de la UNED.

Además, el Concello abona anualmente 500.000 euros para la gestión de la programación cultural del auditorio. Marea opina que es «ilegal» la subrogación del contrato por parte del Ayuntamiento como nuevo propietario de la infraestructura, y exige que salga a concurso público.

Rubén Pérez expresó su indignación por la «valoración surrealista» del alcalde sobre la operación de rescate del auditorio, ya que Caballero considera una «ganga» quedarse con un auditorio publico por 35 millones cuando le han pedido inicialmente 74. Pero a juicio de Pérez, Vigo está en manos de «un temerario».

El concejal López Font cuestiona la utilidad de una nueva comisión de investigación y recuerda que en la del 2014 quedó plasmada la «correcta actuación» del gobierno en torno al auditorio. Font señaló que la indemnización a la concesionaria Pazo de Congresos se hará con la venta del hotel que ahora explota Eurostars, por unos 20 millones de euros y enajenar el viejo hotel Samil y las áreas comerciales del auditorio.

Cuando los problemas de la UTE ya eran evidentes, el gobierno local prorrogó la concesión hasta 60 años, el máximo legal permitido, e inyectó 5 millones de euros para restablecer el equilibrio económico de la concesionaria. Estas medidas figuraban en el plan económico financiero de la concesionaria al que se ajustó el gobierno. Ahora la UTE «no ha sido capaz de llevar adelante el plan económico», dijo Font.

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