El juez anula la sanción al trabajador de Vigozoo acusado de dejar abierta la puerta de la tigresa

La sentencia exime de culpa al cuidador y obliga al Concello a reintegrar con intereses el salario de tres meses


vigo / la voz

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo obliga al Concello a anular la sanción de suspensión de empleo y sueldo durante tres meses impuesta al trabajador de Vigozoo, José María Abalde, por el gobierno local por haber dejado abierta la trampilla de la tigresa Kenia. Los hechos ocurrieron en junio del 2016, cuando tras la ronda de cierre del parque la puerta que retiene al felino en su habitáculo quedó abierta permitiendo que el animal deambulase toda la noche por el almacén contiguo poniendo en peligro a los empleados del turno de la mañana siguiente, que podrían encontrarse de forma inesperada con la fiera. La dirección del centro culpó a Abalde, le impuso dos faltas disciplinarias graves y lo echó durante tres meses.

Sin embargo, el juez decidió absolver al demandante -el cuidador presentó una denuncia contra el Concello al considerar injusta la sanción- «porque no se adivina, con la prueba practicada por el Concello, quién realmente deja la puerta de la jaula abierta». Por ello, «debo revocar la sanción por dos faltas graves impuestas al trabajador y debo condenar al Concello de Vigo a dejar sin efecto la sanción impuesta con obligación de reintegro de los salarios detraídos con los intereses correspondientes», recoge el fallo judicial. La cantidad a devolver al cuidador asciende, según él, a 18.000 euros.

Para imponer el castigo, la administración local se basó en cinco pruebas testificales, entre ellas la de Beatriz Rodríguez Paz, cuidadora que prestaba servicio en el mismo turno que el demandante. Tras tomarles declaración se decidió imputarle solo a Abalde una falta de obediencia a sus superiores por no proceder al cierre de los animales junto a su compañera. El Concello hizo cumplir el castigo, que el cuidador ya ha completado, un año después del suceso.

En la sentencia, el magistrado reprende a la dirección de Vigozoo, que depende de la concejalía de Medio Ambiente encabezada por Chus Lago, por «remitirse al expediente administrativo sin intentar probar los hechos imputados». Además, el juez señala al Concello como responsable de «confeccionar una causa contra el demandante sin haber dado posibilidad alguna de contradicción al sancionado, partiendo de versiones inculpatorias que exculpan a una de las testigos», concluye el fallo.

«No entendí que me castigasen solo a mí, si no fui el último en revisar la jaula»

La sentencia del juez fue muy bien recibida por el trabajador José María Abalde, de 36 años de trayectoria como cuidador, que se siente perseguido por la concejala y la dirección de Vigozoo, ya que es la segunda vez que le imponen un castigo de este tipo y en ambos casos los tribunales desautorizaron al Concello.

La primera sanción tuvo lugar en el 2014. Pasó seis meses suspendido de empleo y sueldo después de que lo responsabilizasen de la fuga de un gamo de su recinto. «Entré a darles de comer, uno debió de salirse y nadie se enteró», explica el trabajador. Fue el vigilante de seguridad el que se encontró al gamo en la entrada del cierre al realizar la ronda nocturna sin que se produjese ningún daño. «Son dóciles», matiza Abalde.

El segundo episodio ocurrió dos años después. Relata el cuidador que la norma es realizar la ronda nocturna, previa al cierre del zoo, en parejas. Siempre según la versión del demandante, al llegar las 20 horas, Abalde acudió a su compañera para comenzar la ruta por las distintas dependencias del zoo para meter a los animales en sus habitáculos, a lo que su compañera se negó. Él se adelantó convencido de que su compañera completaría el trabajo a continuación. Así, al llegar al recinto de la tigresa, Abalde dejó la comida en su habitáculo y se fue, delegando en su compañera la tarea de cerciorarse de que Kenia se quedase en el cobertizo. Sin embargo, una de las compuertas quedó abierta generando una situación de peligro para los trabajadores, «nunca hubo riesgo para el público», puntualiza Abalde.

El cuidador comprende la gravedad de la falta pero «no entendí que me sancionasen solo a mí, si no fui el último en revisar la jaula. Además, estoy seguro al 90 % de que la cerré», afirma el trabajador, quien cree «estar pagando las consecuencias» de oponerse a algunas de las directrices de la concejala.

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