Deniegan la invalidez a un enfermo y le echan de su empleo por no poder trabajar

Adrian Haloiu trabajaba limpiando trenes en la estación de Urzaiz hasta que un accidente en una arqueta le provocó múltiples lesiones. Tras pasar por varias etapas de bajas y altas laborales y solicitar la incapacidad permanente, la Seguridad Social se la denegó «por no alcanzar las lesiones que padece un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente».

El vecino de Vigo fue dado de alta, pese a caminar con muletas, estar a la espera de hacerse pruebas y sufrir unos dolores insoportables. Una vez dado de alta, la empresa de contratas ferroviarias en la que estaba empleado le ha despedido por entender que «tiene serias dificultades para poder efectuar o realizar las funciones de limpieza encomendadas, que son acordes con su categoría y con su trabajo de peón-limpiador. Labores, por cierto de innegable esfuerzo físico y postural».

La carta de despido recuerda que «la mayor parte de las funciones que tiene que llevar a efecto suponen carga de peso (cubo de fregar, cepillos...), elevar los brazos por encima del hombro, efectuar la limpieza con la manguera y cepillos de frontales, laterales y parabrisas de los coches».

A lo anterior suma los movimientos bruscos que tiene que hacer para cargar el cubo y el material de limpieza: «Estar en bipedestación, agacharse y arrodillarse, realizar limpiezas interiores y esfuerzos para cambios de fundas de asientos cuando es necesario, abrillantado de suelos y limpiezas de altos de maleteros».

La empresa cree que la ineptitud que tiene el trabajador cumple las características que marca la jurisprudencia para considerarlo despido objetivo, dado que la situación «es verdadera y no disimulada», es imputable al trabajador y resulta «permanente y no circunstancial».

Adrian Haloiu ya había denunciado la situación antes de que le dieran por primera vez el alta y esperaba que el juicio se celebrara sin llegar a este extremo. La mala fortuna hizo que la vista prevista para el pasado 4 de abril se aplazara para el 12 de diciembre, con lo que su vida se ha complicado aún más de lo que estaba anteriormente. Está totalmente desconcertado.

Por una parte, informes médicos reflejan que padece lumbalgia incapacitante con afección neurológica, entre otras dolencias, y advierten que «camina con muletas y no puede hacer actividades». Por otra, la Seguridad Social alega que no tiene un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral. Su empresa le dice que, tal como está, no puede desempeñar el trabajo.

No solo no puede realizar las funciones de limpiar trenes en la estación, sino que tampoco puede recurrir a su profesión anterior, la de peluquero.

Tal como reflejó este diario en abril, Adrian reside en el salón de una peluquería, que sus propietarios le han dejado gratis cuando la desgracia se cebó con él. La había alquilado y reformado antes del accidente para compaginar con su otro trabajo. Sin embargo, las secuelas no le permitieron ni siquiera abrirla. No solo eso, sino que tuvo que trasladarse a vivir a ella al no poder pagar el alquiler del piso.

Ahora, no sabe qué hacer. Para empezar, tiene que esperar hasta fin de año para saber cómo se resuelve el juicio. Se ve incapaz de llevar una vida normal, cuando menos de desempeñar un trabajo. Su obsesión es conseguir que le curen, que le hagan todas las pruebas que sean necesarias y que le operen si llega el caso. Sueña con acabar con la incapacidad y los dolores que tiene, pese a la retahíla de medicinas que toma para paliar la enfermedad.

Siempre ha dejado claro que la denuncia no es para pedir dinero, sino para que le curen y se aclare su situación.

«Solo quiero que se pongan de acuerdo y que no me vuelvan más deprimido de lo que estoy, no sé qué hacer con todo lo sucedido. Necesito vivir de algo y no puedo. De seguir así, cualquier estaré en la calle, me da mucho miedo», comenta.

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