Los registradores de los asuntos entrantes no pueden trabajar a mayor ritmo
31 may 2018 . Actualizado a las 14:29 h.La oficina de reparto de asuntos judiciales acumula 700 demandas que están sin entregar a los jueces desde hace semanas. Son escritos que presentaron los ciudadanos durante la huelga entre marzo y mayo para reclamar en los tribunales de lo civil las deudas, indemnizaciones o arreglos de propiedades, o expulsar a inquilinos que no pagan la renta o los hipotecados que deben cuotas. También están incluidas las peticiones de clientes bancarios que exigen la devolución de lo que pagaron de más con las cláusulas suelo.
Esta montaña de asuntos sin registrar fue heredada de la huelga indefinida de funcionarios pero también afecta a los pleitos que entran ahora y que deben ponerse a la cola hasta que toque su turno. Al desinflarse el parón de empleados públicos, hace casi un mes, había 1.500 pleitos atascados. Dichas demandas fueron enviadas por los bufetes de abogados y procuradores a través del portal informático LexNet.
Los funcionarios que tienen que abrirlas y registrarlas y no pueden agilizar más su trabajo en el día a día. A esto se ha sumado que un empleado está de baja y ahora cuentan con menos personal. Aún así, en las últimas semanas, han hecho un esfuerzo para rebajar el número de demandas atrasadas a la mitad, al pasar de 1.500 a 700. Por eso, la situación en los tribunales está lejos de normalizarse. Esos asuntos que debían estar sobre la mesa del juez hace tiempo, siguen sin tramitarse. Esta retraso amenaza con convertirse en una bola que atasque medio año los tribunales de primera instancia.
Por poner un ejemplo, a día de hoy un casero que vaya al juzgado a pedir la expulsión de un inquilino porque no le paga la renta tendrá que esperar varias semanas más a que su demanda sea registrada y el juzgado la abra e inicie el expediente. El juicio se demorará meses porque los tribunales civiles acumulan casi medio año de retraso por el alto seguimiento de la huelga y porque hay que celebrar primero las vistas que fueron suspendidas. A ello se suma que las notificaciones de los escritos de los jueces van a paso de tortuga.
La Xunta logra vales de Vitrasa para 16 repartidores judiciales sin el bono PassVigo
La Xunta ha acordado con la compañía de Vitrasa que 16 funcionarios del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo, que no pueden beneficiarse de los descuentos de la tarjeta PassVigo, viajen en los autobuses urbanos de forma gratuita mediante la presentación al chófer de un vale o cheque especial de la empresa de transportes.
La razón para usar este vale de Vitrasa es que el Concello de Vigo no concede el bonobús PassVigo a dichos funcionarios judiciales porque estas tarjetas nuevas son nominativas y se adjudican a un viajero en concreto y no de forma colectiva.
Cuando esta solución del cheque-transporte esté operativa, los funcionarios podrán acercarse en bus a los barrios y parroquias rurales más alejados de la sede del Servicio Común, ubicada en A Ferrería, en la parte alta del Casco Vello. Ahora, sin medio de transporte, disminuyen las entregas de notificaciones judiciales en esos lugares. Algunos funcionarios que residen en esos lugares fueron reasignados para llevar a los destinatarios. Si el escrito es urgente, hacen un esfuerzo extra.
Estos empleados públicos usaban hasta marzo la tarjeta verde de Vitrasa como usuarios indistintos y la Xunta se encargaba de recargarlas al agotarse el saldo. Sin tales tarjetas de descuento, sus opciones son adelantar el dinero y entregar los tiques de bus a la Administración, viajar en coche eléctrico o ir a pie. La situación se complica porque tenían dos coches eléctricos de la Xunta y ahora un chófer está enfermo.
Magistrados fijan pleitos para el 31 de julio para recuperar
Algunos magistrados de instrucción buscan huecos en la agenda a las puertas del verano para colocar los juicios que tuvieron que suspender por falta de personal durante la huelga. En el caso del Instrucción número 8 de Vigo, el titular ha señalado dos días de vistas en fechas muy próximas a agosto. En un caso, habrá juicios el 31 de julio, una jornada hábil, previa a agosto, en la que el funcionamiento se ralentiza. Es la fórmula que han encontrado para recuperar los señalamientos perdidos. El mismo magistrado señala que, a causa del paro, solo ha redactado la mitad de las sentencias que tendría a la misma altura del año. Sin embargo, en esta sala y en otras han detectado la llegada de una importante carga de trabajo procedente de la Fiscalía, una montaña de expedientes que empiezan a acumularse en las mesas. «Los asuntos de Fiscalía llegaban antes en coche y ahora en carruaje», resumen en una oficina. Las notificaciones de escritos de jueces también tardan.