El Concello no facilita la Pass Vigo a los repartidores judiciales porque es nominativa
16 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Vigo acumula 60 órdenes judiciales sin entregar a los ciudadanos porque los funcionarios de reparto carecen de la tarjeta de bonobús del Vigo Pass y no pueden llegar a pie hasta los domicilios de los barrios más alejados como Coia, Balaídos, Lavadores o Teis. Los empleados no entregan dichos avisos de los tribunales porque no disponen de descuento en las tarifas del transporte público a causa de un problema burocrático.
Resulta que el principal obstáculo es que la Pass Vigo es nominativa, cada unidad solo es válida para un único usuario identificado con nombre y apellidos. Eso responde a que el Concello la diseñó inicialmente para beneficiar exclusivamente a los empadronados en Vigo aunque ahora está extendida a todos los usuarios.
El problema es que la Xunta, que es el organismo que recarga las tarjetas de descuento de sus empleados públicos, no tenía previsto hacer una tarjeta exclusiva para cada funcionario sino que prefería tener varias con una identificación general para que los repartidores las pudiesen intercambiar entre sí. El organismo autónomo razona que muchos funcionarios cambian de destino habitualmente y su Vigo Pass no podría utilizarla el sustituto de su plaza. Eso obligaría a cancelar una y abrir otra, y otra serie de inconvenientes.
Actualmente, Xunta y Concello buscan una solución porque el mismo problema afecta a los carteros de Correos, que también se mueven en los buses de Vitrasa por la ciudad con su carrito.
La solución más práctica es que los funcionarios se hagan ellos mismos la tarjeta de descuento. Por este motivo, la Xunta ha pedido los datos personales de sus repartidores a fin de enviarlos al Concello para que les entregue la Pass Vigo . Es un arreglo provisional para que el servicio de entrega de notificaciones vuelva a estar operativo.
Durante varias semanas nadie sabía las razones por las que el Concello no expedía la Pass Vigo a los funcionarios judiciales, que antes usaban la tarjeta verde de Vitrasa, extinguida el 15 de abril. El antiguo bonobús era, en la práctica, anónimo e intercambiable porque no llevaba inscrito el nombre del titular, solo un código numérico. Lo podía usar cualquier viajero una vez por trayecto. Sin embargo, su titular quedaba registrado mediante una numeración y el revisor del autobús podía hacer un parte sancionador si descubría que la tarjeta la usaba otro beneficiario.
Por contra, la actual Pass Vigo lleva el nombre del titular impreso en el anverso de la tarjeta. Es por tanto de uso nominal y, es ahí, donde han surgido las demoras burocráticas para proporcionar a cada repartidor judicial su tarjeta personalizada.
Las tramitación continúa parada a la espera de que el Concello las entregue. Desde hace tres semanas, los funcionarios de Notificaciones y Embargos viajan en el coche eléctrico de la Xunta cuando el chófer está disponible o tienen que ir a pie para hacer la entrega en persona de los avisos de los jueces en los domicilios de los ciudadanos. Si van a pie alcanzan un radio de dos kilómetros desde su oficina del Casco Vello. Cubren a pie distancias entre el final de la calle García Barbón, plaza de España y plaza de América. Los barrios más alejados, como Balaídos y Coia o el final de la calle Aragón, quedan sin atender. De momento, ya hay acumuladas entre 50 y 60 notificaciones, que lo mismo pueden ser para dar cuenta de un embargo del coche de un moroso, una orden de desahucio de un inquilino, una citación para testificar o una resolución. En algunos casos, los funcionarios viven cerca de uno de estos barrios y ellos se encargan del reparto.
En Correos, también sin Pass Vigo, la solución ha sido que los carteros abonen el viaje del bus urbano al precio ordinario (1,35 euros) y le carguen el tique a la Administración.