Dos sentencias abren la vía a cientos de vigueses para reclamar por las acciones del Popular

Algunos despachos tramitan más de 120 demandas, incluidos preferentistas que canjearon sus bonos e inversores portugueses

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vigo / la voz

Dos sentencias favorables al cliente que fueron dictadas en las últimas semanas por los juzgados de Primera Instancia número 13 y 1 de Vigo abren la vía a cientos de afectados en la ciudad que adquirieron acciones en la ampliación de capital del Banco Popular en junio del 2016.

Los bufetes especializados en abusos bancarios de Vigo, pero también de A Coruña, manejan entre 20, 40 e incluso 120 demandas de clientes vigueses, muchas aún en proceso de tramitación. Las sentencias vienen a concluir que el inversor que adquirió esas participaciones no fue informado de la situación financiera ni de la solvencia real del banco, el cual acabó por quebrar en el 2017 y lo compró el Banco Santander por un euro. Las acciones pasaron a valer cero euros y los inversores minoristas se sintieron timados.

Las primeras sentencias a favor en Galicia fueron logradas por el abogado coruñés Xoán Antón Pérez-Lema en la ciudad de Vigo. Solo en esta ciudad tramita 40 demandas.

En otros despachos, como el de Óscar Arce, manejan en torno a una veintena de reclamaciones.

El despacho ABC explica que tiene una cartera de 120 clientes con expedientes abiertos para proceder a la reclamación. Según dicen, muchos de los inversores compraron en la última ampliación de acciones del Banco Popular. El hombre de finanzas que más cuantía invirtió adquirió 100.000 euros en acciones.

El perfil del afectado que maneja ABC es diverso. Según dicen, hay clientes, incluso portugueses, a los que el banco le pasó en su días las participaciones subordinadas a acciones. Sería un canje para compensar sus pérdidas. Nuevamente, se vieron con su dinero atrapado o esfumado.

La tesis del despacho es que hay que distinguir entre tres escenarios distintos entre el 2014 y 2016. Mientras las primeras operaciones correspondían a los riesgos habituales de la Bolsa, posteriormente los financieros colocaron al cliente unos productos de renta complejos. Al parecer, muchos ignoraban que si querían recuperar su dinero tendrían que vender las acciones al precio de mercado.

Pero es el tercer escenario el que ha tenido recorrido en los tribunales. En el 2016, los expertos concluyen que el banco necesitaba paliar la escasez de liquidez y movilizó a sus oficinas y sucursales para hacer suscripciones a costa de maquillar la realidad. En el 2017, salió a la luz una posible insolvencia encubierta y muchos clientes retiraron sus depósitos, lo que precipitó su quiebra.

En la primera de las sentencias obtenidas por Pérez-Lema, una clienta reclamó la nulidad de una compra de acciones por valor de casi 3.000 euros. Alegó que suscribió la ampliación de capital porque confió en el folleto de emisión, que incluía errores e inexactitudes contables. La jueza de Primera Instancia número 13 de Vigo le da la razón porque otras sentencias anteriores ya encontraron inexactitudes sobre la solvencia del banco en dicho folleto informativo. Recalca que los pequeños suscriptores se fiaron del consejo de los empleados del banco, con los que tenían confianza. Pero, según la magistrada, un informe pericial reveló pérdidas ocultas de casi 4.000 millones anuales y, por lo tanto, el folleto no era fiel a la realidad.

La segunda sentencia, de Primera Instancia número 1, se refiere al caso de un suscriptor que invirtió 5.059 euros en acciones en la misma ampliación de capital del 2016. La jueza también se basa en la misma pericial para considerar que el folleto era erróneo y anula la operación porque el cliente incurrió en un vicio por consentimiento (pensaba que contrataba un producto rentable). Por ello, le devuelve el dinero y el cobro de los intereses. El camino ya está abierto.

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