Los repartidores usaban la tarjeta verde de Vitrasa, ya extinguida, para moverse en bus
12 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La batalla por la Vigo Pass, la tarjeta bonificadora de viajes de bus urbano, tiene nuevos perjudicados. Primero fueron los residentes en otros municipios que no estaban empadronados en Vigo y no tenían derecho al bono, luego los repartidores de Correos y ahora los funcionarios judiciales que deben entregar en mano los escritos que firman los jueces de Vigo. Puede ser una citación para que un testigo acuda a un juicio, un embargo de un coche o un aviso de desalojo. Deben hacerlo a pie porque ni la Xunta ni el Concello les entregan las tarjetas Vigo Pass para que puedan cubrir este servicio en autobús. Sin bono de transporte, los 21 empleados se ven obligados a repartir las órdenes judiciales caminando a los domicilios más cercanos a su oficina porque no tienen otro medio. Los barrios más alejados quedan desatendidos por razones de logística.
Estos funcionarios usaban antes la extinta tarjeta verde de Vitrasa para desplazarse rápidamente por la ciudad para hacer sus entregas. La tarjeta verde, que ofrecía descuentos en los viajes, se extinguió el pasado 15 de abril. Desde entonces ha sido reemplazado por la Vigo Pass pero el Concello no ha tramitado sus peticiones para obtener una. La Xunta, de la que dependen estos trabajadores de Xustiza, es la encargada de recargar con dinero las tarjetas de transporte y tenía la encomienda de suministrar los nuevos modelos. Pero llevan un mes sin que el Concello las conceda y «nadie sabe qué es lo que está pasando», dicen fuentes cercanas a la oficina.
Es obligado que el destinatario firme ante ellos el recibí para confirmar que ha sido debidamente citado. Si luego hace oídos sordos al requerimiento judicial no podrá alegar desconocimiento. Por eso el funcionario ha de ir personalmente al domicilio del ciudadano, comprobar que esté en casa y, si está ausente, volver más veces. El problema ahora es que algunas casas están muy alejadas y los repartidores judiciales carecen de transporte.
Desde que la tarjeta verde quedó inoperativa, los funcionarios van andando a todos los domicilios, siempre que no superen un radio de tres kilómetros de distancia alrededor de su base. Los barrios más alejados quedan sin repartir porque no se puede llegar caminando sin perder toda una mañana de trabajo.
El servicio ha optado la estrategia más práctica de dar salida a los escritos más cercanos a la oficina del Servicio Común de Notificaciones y Embargos. La sede está situada en una casa rehabilitada en la parte alta del Casco Vello y, a una distancia de entre uno y dos kilómetros (entre 15 y 30 minutos a pie) llegan hasta el final de la calle García Barbón (inicio de Teis), la plaza de España o la plaza de América.
Las entregas en otros barrios más alejados como Balaídos (a 3,5 kilómetros de distancia y 40 minutos a pie), el final de la calle Aragón (inicio de Teis), Navia o Coia, quedan pospuesta hasta que se solucione el problema.
Una de las ideas que se barajó para agilizar el transporte tras la extinción de la tarjeta verde fue que los funcionarios comprasen un billete de bus ordinario por 1,35 euros y luego le pasasen el tique a la Xunta para que le abonase los gastos del viaje. Pero la Administración descartó esa idea porque eso obligaría a los empleados a adelantar dinero justo cuando llevan tres meses sin cobrar por la huelga judicial.
Durante la huelga de funcionarios entregaron avisos en el coche eléctrico de la Xunta
Los funcionarios hicieron uso de la imaginación después de quedarse sin la tarjeta verde. Se dieron cuenta de que, durante la huelga de funcionarios, habían quedado sin uso los coches eléctricos de la Xunta por falta de tramitaciones y notificaciones que entregar porque la actividad judicial estaba parada. Un recurso que ya no pueden aprovechar porque la suspensión del paro indefinido ha reactivado el movimiento en los juzgados y ya no es posible disponer a todas horas de sus vehículos.
Los chóferes de los coches eléctricos de la Xunta prestan varios servicios para los tribunales. Uno de ellos es trasladar cada día decenas de expedientes desde los juzgados de la calle Lalín a la sede en el Casco Vello del Servicio de Notificaciones, donde también opera el Juzgado de Primera Instancia número 14 bis de Vigo, especializado en resolver las cláusulas suelo y otros abusos bancarios. Esa sala no hizo huelga porque sus empleados son interinos y operó los tres meses con normalidad.
La vuelta a la normalidad ha vuelto a mantener ocupados a los coches eléctricos y los repartidores de notificaciones no disponen de tanto tiempo de uso como antes. Así que se han vuelto a salir a la calle a pie.
La tarea del repartidor no está exento de peligros ya que algunas veces se han visto acorralados por perros sueltos o por dueños poco contentos de recibir la notificación o que simulaban no estar en casa para retrasar lo máximo posible su juicio. El Servicio Común tramitó 5.380 oficios judiciales en el primer trimestre del 2017 y solo 2.542 este año.