Los jueces se dan seis meses más de plazo para las investigaciones atascadas por la huelga

Titulares de los ocho juzgados de instrucción de Vigo, que hacen investigaciones de narcotráfico, crímenes o corrupción, han dictado ya la prórroga de sus pesquisas paralizadas por la huelga para evitar que los plazos se agoten. Para justificar el hecho de que van a dedicar más tiempo a sus indagaciones han alegado un apartado legal que establece que estas se podrán prorrogar cuando concurran «circunstancias excepcionales o causas sobrevenidas». Y una huelga de funcionarios que ya dura 64 días lo es porque estos tribunales no tienen personal suficiente para tomar declaraciones a testigos o imputados ni notificar autos, citaciones o resoluciones. Está todo parado en varias salas.

Desde hace dos años, los jueces de instrucción están obligados a cerrar sus actuaciones en seis meses como máximo, salvo que sean causas complejas y requieran hasta un año y medio. Algunos fiscales han pedido que

Algunos fiscales han solicitado que estas prórrogas sean de dos años pero la magistrada lo ha dejado en seis a la espera de que la huelga termine y se retome la actividad.

Hay magistrados que optaron por declarar sus investigaciones congeladas como causas complejas porque los funcionarios en servicios mínimos no envían los exhortos (peticiones a otros jueces) para que las autoridades de otras provincias localicen allí a testigos o incriminados. Se amparan en que la ley considera causa sobrevenida la imposibilidad de localizar a algún implicado.

La jueza de instrucción número 3 de Vigo, Marisol López, es una de las mayores damnificadas por los paros ya que durante semanas todos sus funcionarios han estado en huelga, salvo dos de servicios mínimos. Eso ha retrasado muchas de las investigaciones que tenía en marcha. «Actualmente, tengo dos casos importantes parados, uno es de la concesionaria de basuras de Nigrán, que es el más complejo, y el otro es el del gas refrigerante R-22», dice.

La titular está a la espera de citar a testigos para interrogarlos pero sus funcionarios en servicios mínimos no hacen sesiones de declaraciones, por lo que todo el proceso se paraliza. «Está todo parado, hay causas complejas pero otras no son urgentes», explica. Ha otorgado ya varias prórrogas de seis meses para evitar que concluyan los plazos y el caso se archive. Lo fundamentó en que la huelga es una «circunstancia excepcional» que ha interrumpido el normal desarrollo de las pesquisas.

Paros de magistrados

A la huelga de los funcionarios se suma ahora el paro de los jueces, que prevén hacer una huelga de un día el 22 de mayo. Hoy mismo han programado en toda España un cese de actividad de 60 minutos, entre las 12.00 y las 13.00 horas, para reclamar el fin de los recortes. «Si no protestas no se te ve, trabajas con voluntarismo y al final uno se cansa», dice Marisol López.

1.200 demandas sin registrar

La oficina de reparto judicial de Vigo acumula un lote de entre 1.100 y 1.200 demandas sin registrar que van destinadas a los juzgados de lo civil. Estos escritos fueron enviados por los abogados a través de correo electrónico al programa judicial LexNet.

En las últimas semanas, los funcionarios de reparto han retirado del programa miles de estos pleitos para entregarlos a los tribunales de primera instancia por turno pero no pueden agilizar el ritmo. Por eso, se ha creado otro atasco con una montaña de papeles recién llegados. Los empleados las están transfiriendo al programa Minerva, que es el que comparten internamente los juzgados, pero aún no han tenido tiempo de registrar todas las demandas civiles.

Las reclamaciones de lo social sí están todas registradas porque el empleado encargado de ello no está en huelga.

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